Foto de archivo.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó imponer medida de aseguramiento contra seis congresistas investigados por presunta participación en un entramado de corrupción ligado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los implicados son los representantes Wadith Alberto, Karen Astrith Manrique Olarte, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, y los senadores Liliana Esther Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya. Según la Corte, aunque hay indicios que los vinculan con las irregularidades, no se cumplen los requisitos legales para ordenar su captura preventiva.
De acuerdo con la investigación, en el segundo semestre de 2023, los legisladores habrían hecho parte de un esquema en el que aceptaron una “promesa remuneratoria” a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda.
Dicho beneficio estaría relacionado con tres proyectos de infraestructura, por más de $92.000 millones de pesos, para obras de emergencia en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Salado (Bolívar).
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La defensa alegó que no hay pruebas de que los implicados recibieran pagos o dádivas, y que la supuesta promesa remuneratoria no se pudo demostrar.
La Corte respaldó que, aunque la operación criminal sí existió y fue coordinada desde altos niveles del Gobierno, no hay evidencias suficientes para privarlos de la libertad por ahora.
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