Foto: Federico Rios Escobar
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) entregó un nuevo balance sobre la situación minera en el sector Mandinga, ubicado en zona rural del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, luego de recientes cuestionamientos públicos y reportajes periodísticos sobre la actividad extractiva en el área.
La autoridad ambiental explicó que en este territorio no se trata de una única operación minera, sino de dos escenarios distintos que avanzan bajo condiciones jurídicas diferentes. Por un lado, señaló la existencia de un proyecto con licencia ambiental vigente otorgada en 2022 dentro de un proceso de formalización. Por otro, indicó que hay un polígono en trámite que aún no cuenta con permiso ambiental aprobado, por lo que no está habilitado para desarrollar actividades extractivas.
Corantioquia reiteró que su función no corresponde a la entrega de títulos mineros, competencia que recae en la Agencia Nacional de Minería. En ese sentido, recordó que su labor se centra en la evaluación y seguimiento de los permisos ambientales una vez el Estado ha otorgado los respectivos títulos.
Seguimiento institucional y dificultades en el territorio
La entidad también informó que ha realizado seguimiento a las dinámicas mineras en la subregión durante varios años, y que ha puesto en conocimiento de entidades como la Agencia Nacional de Minería, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría diferentes situaciones asociadas a la actividad extractiva en el Bajo Cauca.
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En su pronunciamiento, la corporación además reconoció que las condiciones de orden público en la zona han dificultado la presencia constante en todos los puntos de interés, aunque aseguró que mantiene acciones de control y articulación interinstitucional para el monitoreo ambiental.
Licencias, formalización y llamado a la legalidad
Frente al caso específico de Mandinga, la entidad precisó que el proyecto con licencia ambiental corresponde a actividades de explotación de oro y plata bajo un esquema de formalización minera, mientras que el segundo polígono identificado no cuenta con la autorización necesaria, lo que lo ubica fuera del marco legal ambiental vigente.
Corantioquia insistió en que cualquier actividad que se desarrolle sin cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad se considera minería informal, por lo que reiteró el llamado a avanzar en procesos de formalización que permitan reducir impactos ambientales y fortalecer la presencia institucional en la región.
Finalmente, la autoridad ambiental hizo énfasis en la necesidad de continuar articulando acciones entre las entidades del Estado para el control de la minería en el Bajo Cauca y la protección de ecosistemas estratégicos de la zona, en medio de un contexto regional marcado por dinámicas complejas de explotación minera y desafíos en materia de control territorial.
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