La registraduría llegó a todos los rincones del país con el material electoral para hacer posible la jornada democrática de Congreso y consultas presidenciales de este domingo. Foto: @Registraduria
Un informe de Colombia Compra Eficiente, revelado por El Tiempo, indicó que el Gobierno Nacional ha firmado 80.736 contratos bajo la figura de asociaciones público-populares, sumando más de $31 billones de pesos entregados sin licitación.
Esta modalidad de contratación fue precisamente la que la Corte Constitucional tumbó por considerarla un cheque en blanco que se saltaba las normas de transparencia.
El billete que se ha movido bajo esta modalidad es astronómico y, según las alertas de la Contraloría, gran parte de estos convenios se sellaron justo antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías de este 2026.
Las cifras no mienten: más de $25 billones de pesos se fueron a 55.434 contratos con asociaciones comunales, mientras que otros billones terminaron en resguardos, cabildos y consejos comunitarios.
Para muchos sectores de la oposición, este movimiento de billete no es otra cosa que un aceite a la maquinaria electoral del Pacto Histórico, pues estas organizaciones representan la base política más fiel del oficialismo en plena campaña presidencial.
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Pero el escándalo no para ahí. De los más de 55.000 contratos con juntas y asociaciones, solo una mínima fracción, apenas 7.309, aparecen como terminados.
El resto del billete sigue en el limbo de estados como «celebrado» o «en ejecución», lo que ha llevado a figuras como el senador Jorge Robledo a denunciar que estas prácticas inducen directamente a la corrupción.
Mientras el sector salud padece por una deuda similar, el Ejecutivo parece haber priorizado la entrega directa de recursos, desafiando el freno que puso la justicia y dejando un manto de duda sobre la transparencia.
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