Denuncian entrega de más de $71.000 millones en pauta antes de la Ley de Garantías

La representante a la Cámara Katherine Miranda presentó una delicada denuncia contra el gobierno del presidente Petro por la adjudicación de contratos de publicidad estatal de un valor de $71.893 millones de pesos, firmados apenas días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.

Según la congresista, entre el 26 y el 30 de enero de 2026 se realizó una «millonaria y acelerada» contratación de pauta oficial «en plena emergencia económica y ambiental y a pocas horas de entrar en vigor la Ley de Garantías», normativa que prohíbe la contratación directa meses antes de las elecciones para evitar el uso del presupuesto público con fines electorales.

«Se trató de una contratación directa, a dedo, acelerada y altamente concentrada. Cerca del 90% de esos recursos quedaron en una sola entidad, RTVC, con más de $64.000 millones adjudicados en cuestión de horas», señaló Miranda, quien reveló que fueron 12 contratos los que concentraron esa suma millonaria hacia el sistema de medios públicos.

La legisladora hizo un comparativo con el mismo periodo electoral de hace cuatro años. «En la misma semana de enero de 2022, el gobierno de ese momento adjudicó alrededor de $1.500 millones a RTVC, mientras que en 2026 la cifra superó los $64.000 millones, lo que representa un incremento superior al 4.000% en un mismo lapso y hacia la misma entidad», reveló.

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Miranda advirtió que estos contratos incluyen campañas, estrategias de divulgación institucional y planes de medios de varias entidades nacionales.

Los recursos provienen de diferentes carteras del gobierno: $14.500 millones del Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones, $10.600 millones del Ministerio de Educación, $6.800 millones del Ministerio de Salud y casi $8.000 millones del Ministerio de Justicia, entre otros.

«Firmar más de 70 mil millones de pesos en propaganda institucional justo antes de la Ley de Garantías, mientras el país atraviesa una emergencia económica y social, es una falta de respeto con los colombianos. La pauta institucional no puede convertirse en una herramienta de promoción política en año electoral», afirmó la congresista.

Miranda aseguró haber trasladado la denuncia a la Contraloría y la Procuraduría para que determinen si existe un presunto uso indebido de recursos públicos con fines políticos.

«Los recursos públicos son de los ciudadanos, no de los gobiernos de turno. La comunicación institucional no puede usarse para hacer campaña disfrazada de información. Los colombianos merecen claridad y respeto por las reglas», sostuvo Katherine Miranda.

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