Contraloría le puso ‘la lupa’ al acuerdo con el que se privatizaría el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA

El contralor Carlos Felipe Córdoba ordenó revisar los impactos fiscales del acuerdo expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y alertar, si es del caso, sobre la legalidad del otorgamiento de facultades para que particulares y privados ejerzan funciones administrativas propias de esta entidad.

Según el ente de control, llaman la atención las disposiciones generales del acuerdo en lo que respecta a la excepcionalidad constitucional y legal que permite que particulares ejerzan funciones administrativas ya que tal como fue proyectado y como se reglamente el desarrollo de estas, posiblemente se podría generar una privatización de los recursos que tienen calidad de públicos.

“Mediante este Acuerdo del Consejo Directivo del ICA, se pretende autorizar a terceros particulares para ejercer funciones administrativas que corresponden de forma inherente al instituto”, detalló la Contraloría.

Contraloría tiene el acuerdo del ICA en revisión:

A través de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario el ente de control verificará si se da una posible falta de planeación y estructuración del modelo financiero, que puede impactar notoriamente en la prestación del servicio a cargo del ICA y las tarifas para los usuarios y beneficiados, lo que generaría limitaciones en el acceso a los servicios que desarrollará el tercero particular.

En ese contexto se planteó que la posibilidad de privatización de los recursos aleja y limita a la Contraloría de su competencia constitucional, al ser estos manejados directamente por un privado sin distinción del ejercicio legal de que trata la norma respecto a la excepcionalidad de funciones administrativas por particulares y el servicio público prestados por estos.

“En consideración a estas situaciones y haciendo uso de las nuevas facultades de que dispone la Contraloría para alertar de manera preventiva sobre el manejo de los recursos públicos y la gestión fiscal de las entidades del Estado, se ha iniciado un ejercicio de planeación para conocer y evaluar los alcances del acuerdo”, se detalló.

Finalmente se planteó que se busca determinar los posibles efectos y riesgos que se producirían con la entrega de funciones administrativas a un particular, algo que, si bien es permitido por la normatividad vigente, implica una excepcionalidad y reglamentación específica.

Lea también: ¿Justicia a medias? En 2019 por cada 100 procesos en despachos judiciales en Colombia, 50 quedaron pendientes