Contraloría encuentra otra “inversión estatal fallida”: 10 hallazgos fiscales por $709.342 millones en Bioenergy

La Contraloría General de la República informó este martes que gracias a una Actuación Especial encontró 10 hallazgos fiscales por $709.342 millones en el proyecto Bionergy, planta de etanol propiedad de Ecopetrol.

Entre los hallazgos, la Contraloría identificó un incremento de más del doble del valor en los costos del proyecto, pues el presupuesto pasó de US$350 millones a US$778 millones.

El ente de control también encontró que el lucro cesante de Bioenergy llega a $577.824 millones, pues la ejecución del proyecto tardó 48 meses más de lo pactado en el contrato y presentó los millonarios sobrecostos.

Para le Contraloría, la planta “resultó ser un proyecto costoso para el país, que no es rentable y cuya ejecución por parte de Bionergy S.A. es ineficiente e ineficaz”.

Además, la Contraloría llamó la atención sobre un contrato que en 2007 suscribió Bionergy  con la empresa Visión de Valores, con el objeto de prestar “Servicios de asesoría en la estructuración y cierre financiero del proyecto”. El ente de control fiscal resaltó que Gustavo Gaviria Ángel, miembro suplente de la Junta Directiva de Ecopetrol, era el dueño de 71,55% de dicha firma.

La Contraloría resaltó que Gaviria Ángel fue “nombrado como miembro titular desde mayo hasta septiembre de 2007, fecha en la cual renuncia a este cargo”.

Otro resultado evidenciado por la Contraloría es la compra de dos sociedades panameñas, Los Arces Group Corp y Amandine Holdings Corp, que según el órgano auditor “no tenían predios claves para el proyecto”, a pesar de haber sido compradas por esa característica.

“Antes de comprar dichas empresas, Bionergy conocía perfectamente que las mismas no eran poseedoras de activo alguno y aun así
las adquirió”, indicó la Entidad, que evidenció que ambas compañías fueron constituidas en Panamá apenas días antes de que la junta directiva de Bionergy aprobara su compra.

Otros hallazgos detectados por la Contraloría tienen que ver con situaciones como el pago de arriendo de predios para siembra de caña, que no fueron utilizados ni explotados para tal fin, así como la pérdida de los costos de inversión en las plantaciones.