Contraloría encontró hallazgo fiscal por $5.711 millones en la Corporación Autónoma Regional de Santander

Minuto30.com-. Una auditoría financiera de la Contraloría General de la República determinó que la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) habría incurrido en un presunto detrimento patrimonial en cuantía de 5.711 millones de pesos, por las obras inconclusas del jarillón que debía proteger de inundaciones a los pobladores de varias veredas del municipio de Sabana de Torres.

El proyecto sin terminar es financiado con recursos procedentes del Fondo Nacional de Calamidades (hoy Fondo Nacional de Gestión del riesgo de Desastres – Colombia Humanitaria).

Según el organismo de control, el estado de la obra además de afectar el patrimonio público «deja sin protección a las veredas Barranco, Colorado, Cerrito, Magará, Caño Peruétano, Aguas Negras y Las Lajas, que habían sido afectadas por el fenómeno de La Niña en la ola invernal 2010-2011, y no contarán con un jarillón idóneo que proteja, además de su vida y bienes, también sus sistemas de acueducto y alcantarillado».

La obra fue contratada por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) con la firma General de Ingeniería de Santander, GEINGSA S.A.S, «al que la autoridad ambiental desembolsó el monto por el cual se eleva el presunto detrimento patrimonial», añadió la Contraloría.

Al verificar los soportes documentales de dicho contrato 004-0726 de 2011, la Contraloría consideró que se presentaron deficiencias en su ejecución, así como en el seguimiento y evaluación realizado por la interventoría.

El órgano de control estimó además que la administración de la CAS adoptó «una decisión incorrecta al modificar las condiciones inicialmente contempladas en la formulación de este proyecto, pues ello vino a repercutir en que se tengan obras inconclusas y suspendidas, que no cumplen el fin que tenían y no prestan el servicio objeto del contrato».

Total de hallazgos

Producto de la Auditoría Financiera a la CAS, la CGR determinó un total de 19 hallazgos administrativos, de los cuales uno tiene presunto alcance fiscal (el ya mencionado de $5.711 millones), siete incidencia disciplinaria, y una con otra connotación, todos los cuales se trasladarán a las instancias correspondientes.