Foto de archivo
La Contraloría General de la República detectó cuatro hallazgos fiscales por $39.602 millones en una auditoría financiera a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, sobre la vigencia 2023.
En la mañana de este 17 de julio, la Contraloría reveló ocho (8) hallazgos administrativos de los cuales cuatro (4) tienen posible incidencia fiscal por $39.602 millones y uno (1) presunta connotación disciplinaria.
El organismo de control realizó una exhaustiva evaluación de los procesos de cobro llevados a cabo por la DIAN, identificando varias deficiencias significativas.
De la evaluación realizada por la CGR, “se evidenció que en uno de los procesos de liquidación societario debido a la inclusión de tres de sus accionistas en la lista Clinton¸ dicha sociedad no presentó las declaraciones del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, ni el Impuesto sobre las Ventas-IVA para el periodo 6 del año gravable 2007, acumulando un saldo correspondiente al Impuesto al Patrimonio del mismo año”.
De otra parte, la CGR no logró evidenciar la vinculación de la DIAN al proceso de liquidación, “aun cuando dicha entidad contó con los medios para conocer la situación jurídica de la sociedad”.
A la fecha de realización de la auditoría “se observó también que la DIAN no recuperó los recursos adeudados por la sociedad y que los mandamientos de pago proferidos se encontraban prescritos”.
Además, se señaló que la DIAN no actuó de manera oportuna una vez disuelta la sociedad
“La DIAN, no tuvo en cuenta que una vez disuelta la sociedad se debe proceder de inmediato a la liquidación y esperó 4 años para comunicar los actos administrativos de las sanciones e iniciar el proceso de cobro, aun cuando a la fecha en que se enteró de la disolución y liquidación, la sociedad ya se encontraba en mora con el pago de la segunda cuota del Impuesto al Patrimonio del año gravable 2007, deuda que finalmente presentó el fenómeno de la prescripción”, precisó el organismo de control.
La CGR concluyó que la DIAN no implementó acciones efectivas para recuperar los recursos adeudados por la sociedad y sus deudores solidarios, a pesar de contar con información relevante de los accionistas y las herramientas para gestionar el cobro.
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Lo anterior conllevó a que los valores adeudados por la sociedad no se recuperaran y por el contrario prescribiera la acción de cobro generando una pérdida al patrimonio público por $38.772.096.585.
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