Foto sacada de redes sociales.
La adquisición de los aviones Gripen continúa generando fuertes cuestionamientos en el país, especialmente después de que un ente de control solicitara al Gobierno detallar todos los soportes técnicos, legales y económicos que sustentaron la elección de estas aeronaves suecas frente a otras alternativas evaluadas, como los modelos franceses o los F-16 estadounidenses. La petición incluye anexar documentos, comparaciones y análisis que expliquen por qué se optó por la flota fabricada por Saab.
El debate se intensificó luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara desde Cali que el acuerdo con Suecia ya estaba cerrado y que Colombia adquirirá 17 aviones de combate. Sin embargo, como ocurre con otras compras multimillonarias, la decisión llegó acompañada de dudas sobre la transparencia del proceso y la información entregada al público.
Uno de los reclamos más sonoros provino de la congresista Carolina Arbeláez, quien cuestionó que Petro haya divulgado recientemente detalles del contrato que antes habían sido negados bajo el argumento de “reserva”.
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La congresista insistió en que, si el presidente pudo revelar públicamente esos datos, el Ministerio de Defensa está en la obligación de entregarlos de manera oficial. Para ella, el país requiere claridad para disipar sospechas de eventuales sobrecostos.
El presidente, por su parte, afirmó que el valor total de la compra asciende a $16,5 billones de pesos debido a las vigencias futuras hasta 2032 y a factores macroeconómicos, incluido el comportamiento del euro.
También defendió que los aviones no vienen “pelados”, sino equipados con sus máximas capacidades: simuladores avanzados con cuatro cabinas, paquetes de armamento, integración de sensores, herramientas especializadas, bancos de mantenimiento y entrenamiento para pilotos y personal técnico.
Pese a las aclaraciones, la controversia continúa creciendo. Mientras organismos de control piden rigor documental, sectores políticos insisten en que la falta de información oportuna ha alimentado sospechas.
El Gobierno, en cambio, sostiene que se trata de una inversión estratégica para modernizar la defensa aérea del país.
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