Contralor: “Sistema General de Participaciones no reduce inequidad y es víctimas de corruptos”

El Sistema General de Participaciones (SGP) no ha logrado reducir de manera contundente las brechas sociales y los niveles de inequidad en los regiones de Colombia, según afirmó el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.

De acuerdo con el jefe del ente de control, el SGP “ha terminado siendo víctima de los corruptos, que han acudido a maniobras criminales como inventarse pacientes inexistentes para apoderarse de recursos que debían favorecer a la población más pobre”.

Estas afirmaciónes las hizo el contralor con base en un estudio de la Contraloría que indica que las brechas entre  algunas regiones del país son significativas, y la trampa de la pobreza y el atraso atenaza a muchos municipios.

El informe, que se centró en evaluar los resultados del SGP específicamente en los sectores de Educación y Salud, concluyó que “los recursos del Sistema no cumplen su objetivo y no se está verificando su destinación real”.

Esta situación la están aprovechando los corruptos, tal como se ha visto con los casos del Cartel de la Hemofilia en Córdoba y el Cartel de los Enfermos Mentales en Sucre.

“Existen territorios en nuestro país, con índices de desarrollo humano similares al de países europeos de desarrollo medio-alto. Mientras ello sucede, otras regiones del país presentan indicadores de desarrollo solamente comparables con los países más pobres del planeta”, puso en contraste el contralor.

Mencionó además graves cifras de inequidad que se dan en el país: “en términos de producción, el PIB per cápita de Bogotá corresponde a casi cinco veces al del Vaupés. Mientras que en Bogotá el 4,7% de las personas son pobres, en la Región Pacífica, sin incluir Valle, la cifra asciende a 33,8%”.

Para el Contralor Maya Villazón, la distribución del SGP debe ser más diferencial y progresiva: los municipios más pobres deberían recibir un SGP per cápita superior al promedio y notoriamente mayor al de los municipios más ricos, que pueden generar recursos propios.

Nuevas acciones contra carteles de la corrupción

Maya Villazón anunció que pronto dará conocer nuevas medidas de carácter procesal adoptadas por la Contraloría contra funcionarios públicos actualmente en ejercicio de sus cargos, involucrados en el llamado Cartel de la Hemofilia, entre las que se incluyen los embargos a que haya lugar.

“Lo irónico en el departamento de Córdoba es que, en 2016, bajo la administración de un Gobernador diferente al primer autor, se hicieron nuevamente pagos irregulares por más de $1.500 millones de pesos, por los mismos conceptos que ya se habían evidenciado, y que de manera inédita dimos a conocer al país”, afirmó el Contralor.

Sobre el caso del Cartel de los Enfermos Mentales en Sucre, anunció que toda vez que allí se crearon IPS de papel para desfalcar los recursos del Sistema, ha solicitado expresamente al Fiscal General de la Nación la acreditación probatoria de las maniobras fraudulentas y delictivas usadas para estructurar el desfalco, y proceder así a obtener el levantamiento del velo corporativo de las sociedades involucradas, que fueron utilizadas como fachada para adueñarse de los recursos del SGP.

“Es decir, las acciones de la Contraloría en este caso no se limitarán a la responsabilidad de los funcionarios implicados, sino que la colaboración con el Fiscal General de la Nación y con el Procurador, nos permitirá perseguir de manera directa el patrimonio individual de los accionistas y administradores de dichas IPS’s”, explicó Maya Villazón.

El próximo mes, la Contraloría dará a conocer los resultados de una nueva auditoría a las vigencias 2012 y 2013, donde se llevaron a cabo pagos a favor de tres IPS que atendían igualmente supuestos pacientes de enfermedades mentales, y donde se hicieron pagos por más de $3 mil millones de pesos.

Nuevas auditorías al PAE y más irregularidades

La Contraloría actualmente adelanta nuevas auditorías al Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuyos resultados se estarán dando a conocer próximamente.

En el departamento del Magdalena, por ejemplo, la Contraloría ha evidenciado nuevamente irregularidades en el proceso de selección de los contratistas, así como graves demoras en la contratación que el año pasado, sólo en el Magdalena, llevaron a que se dejaran de entregar más de 2 millones 300 mil raciones de alimentos.

“Igualmente estamos adelantando una Auditoría de Cumplimiento a los recursos del SGP ejecutados por el Distrito de Cartagena, y dentro de las próximas semanas daremos a conocer los resultados con relación al Programa de Alimentación Escolar, cuyas 2 últimas contrataciones superaron los $32 mil millones de pesos”, agregó el Contralor.

Para el año 2016, el PAE en Cartagena presentó una cobertura sólo del 58%, sustancialmente menor a la cobertura de otros entes territoriales como el departamento del Chocó, que atendió el 88%, y la ciudad de Montería, que tuvo una cobertura de casi el 80%.

“El Distrito de Cartagena no ejecutó el Programa desde el primer día del calendario escolar, lo que afectó a la población estudiantil. Pese a lo anterior, en el mes de Abril de 2016, el Alcalde, que hoy se encuentra bajo medida de aseguramiento, declaró una urgencia manifiesta para poder celebrar de manera directa la contratación del PAE, situación que fue aprobada, muy a pesar de su evidente ilegalidad e irregularidad, por la Contralora Distrital de Cartagena”, indicó Maya Villazón.