Foto de cortesía.
El Consejo de Estado volvió a presionar a la Presidencia de la República para que entregue la documentación relacionada con el polémico ‘tarimazo’, el evento en La Alpujarra que dejó en la mira a la senadora Isabel Zuleta por su presunto rol en la salida irregular de cabecillas de bandas criminales de la cárcel La Paz de Itagüí.
Esta es la tercera vez que el alto tribunal reclama la información, clave para el proceso de pérdida de investidura contra la congresista del Pacto Histórico.
Según el Tribunal, la Casa de Nariño sigue sin entregar dos documentos esenciales: la resolución 138 del 29 de mayo de 2023, con la que se instaló la estrategia conocida como Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, y la resolución 452 del 8 de noviembre de 2024, donde se designaron los representantes del Gobierno en el Espacio de Conversación Sociojurídico.
Ambos archivos permitirían establecer quién tenía realmente la facultad de solicitar movimientos carcelarios.
Para los demandantes, entre ellos William Quintero, Zuleta habría actuado sin competencia al pedir al INPEC la salida de nueve cabecillas para asistir al evento con el presidente Gustavo Petro el 21 de junio de 2025. Según Quintero, esa tarea le correspondía al coordinador de la mesa, Jorge Iván Mejía Martínez, y no a la senadora.
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El caso involucra a nombres de alto perfil criminal como Douglas, Carlos Pesebre, Tom y Vallejo, todos señalados como figuras históricas de estructuras como La Oficina de Envigado. Su presencia en el acto público generó uno de los escándalos políticos más fuertes del año.
La falta de documentos por parte del Ejecutivo mantiene en vilo la investigación. El Consejo de Estado reiteró que solo convocará la audiencia cuando reciba la información completa y pueda contrastarla con las demás pruebas del proceso.
El episodio del ‘tarimazo’, que por primera vez mostró al presidente junto a cabecillas de bandas criminales, sigue siendo un punto crítico para el Gobierno, que es señalado por entorpecer la entrega de información clave.
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