Foto cortesía El Tiempo.
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El Consejo de Estado pidió al presidente Juan Manuel Santos que sean adoptadas medidas para proteger la vida y la integridad de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
Además, pidió a la Unidad Nacional de Protección que sean implementadas estrategias especiales para la prevención y protección de la seguridad para organizaciones de derechos humanos.
El Alto Tribunal se manifestó preocupado por el asesinato, en 2016, de 59 líderes. A julio de 2017, según datos de la Defensoría del Pueblo, 52 defensores han sido asesinados y unos 500 han recibido amenazas.
Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba son los departamentos en los que se presentan más amenazas, especialmente en zonas en las que hacían presencia las Farc.
La petición del Consejo de Estado fue hecha en el marco de una sentencia que condenó al Ministerio de Defensa, a la Policía y al Ejército Nacional por hechos que ocurrieron en San Pablo, Bolívar, durante 1999, cuando un dirigente social sufrió heridas durante un atentado contra su vida.
El líder, que también sufrió el desplazamiento forzado al que fue sometido por grupos paramilitares al margen de la ley, fue víctima de múltiples heridas con arma blanca y logró recuperarse.
2017-09-04
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