Foto de archivo.
El confinamiento de comunidades por cuenta del conflicto armado sigue en aumento en varias regiones del país, según el más reciente reporte de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre un panorama crítico en zonas rurales.
De acuerdo con el informe, el departamento de Magdalena concentra el mayor número de víctimas de desplazamiento forzado, con cerca de 1.960 personas afectadas.
Sin embargo, en materia de confinamiento, el Cauca encabeza las cifras, con al menos 9.300 ciudadanos que han visto restringida su movilidad por la presencia de grupos armados ilegales.
Durante marzo, la entidad documentó 13 eventos de desplazamiento forzado que impactaron a más de 1.600 personas en el país.
Los casos más significativos se registraron en Nariño, Norte de Santander, Caquetá y Antioquia, territorios donde persisten las disputas entre estructuras ilegales.
En el mismo periodo, se reportaron 12 situaciones de confinamiento que afectaron a más de 18.800 personas, principalmente en departamentos como Chocó y Nariño. En estos lugares, comunidades enteras han tenido que permanecer en sus viviendas ante el riesgo de enfrentamientos armados o represalias.
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Según la Defensoría, detrás de estos hechos estarían organizaciones como el Clan del Golfo, el ELN, disidencias de las Farc y otros grupos armados, que estarían utilizando el confinamiento como una estrategia para mantener el control territorial sin necesidad de desplazar masivamente a la población.
La entidad también alertó que estas dinámicas afectan gravemente derechos fundamentales, limitando el acceso a servicios básicos como salud, educación y alimentación. Además, denunció que en algunos casos se han presentado amenazas, homicidios y reclutamiento de menores para imponer estas restricciones.
El informe advierte que esta tendencia refleja un cambio en las formas de control de los grupos ilegales, que ahora priorizan el encierro de las comunidades para sostener sus economías ilícitas y su presencia en los territorios.
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