Según la jueza federal Maria Isabel Pezzi Klein, la entidad realizó una transferencia millonaria de dinero público con garantías inciertas y que benefició a un equipo de fútbol (Corinthians) y a una constructora (Odebrecht) sin licitación. EFE/Archivo
Según la jueza federal Maria Isabel Pezzi Klein, la entidad realizó una transferencia millonaria de dinero público con garantías inciertas y que benefició a un equipo de fútbol (Corinthians) y a una constructora (Odebrecht) sin licitación. EFE/Archivo
La Justicia brasileña condenó al club de fútbol Corinthians, a la constructora Odebrecht, la empresa Arena Itaquera -que gestiona el estadio- y al expresidente del banco estatal Caixa Económica a devolver 400 millones de reales (unos 124,1 millones de dólares) a la entidad financiera, informó hoy el tribunal.
La sentencia fue proferida por una jueza de un tribunal de Porto Alegre (sur), tras una acción popular promovida en 2013 por un abogado que cuestionó la legalidad de una línea de crédito realizada por la Caixa.
Según la jueza federal Maria Isabel Pezzi Klein, la entidad realizó una transferencia millonaria de dinero público con garantías inciertas y que benefició a un equipo de fútbol (Corinthians) y a una constructora (Odebrecht) sin licitación.
El dinero del préstamo (400 millones de reales) fue captado por una empresa privada especialmente creada para este fin (SPE Arena Itaquera S.A.) y con un capital social de 1.000 reales (unos 310 dólares).
De acuerdo con la denuncia, en 2009 fue creada una línea de crédito del banco de fomento brasileño (BNDES) de 4.800 millones de reales (unos 1.500 millones de dólares) para la construcción y la reforma de estadios de la Copa del Mundo de 2014.
Once proyectos fueron aprobados, con la excepción del estadio Arena Itaquera, de Sao Paulo y una de las doce sedes del Mundial de fútbol, debido a la ausencia de las garantías exigidas por la entidad.
La Caixa, sin embargo, habría aceptado financiar el proyecto del estadio del club Corinthians, asumiendo los riesgos de contratación como agente financiero que transfirió los recursos, de acuerdo con el tribunal.
Para el abogado que movió la acción popular, la operación cerrada en 2013 fue lesiva al patrimonio público y, a su juicio, la decisión del banco “fue tomado bajo influencia política”.
La jueza Pezzi detalló varias irregularidades y determinó el resarcimiento del valor del préstamo. EFE
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