Foto de archivo.
La condena a Salvatore Mancuso volvió a sacudir el escenario judicial del país. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió una sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar, tras hallarlo responsable de 117 delitos cometidos contra comunidades indígenas wayúu y otros pobladores rurales del departamento de La Guajira.
La decisión judicial se sustentó en el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, que logró establecer la responsabilidad de Mancuso Gómez en hechos criminales perpetrados entre los años 2002 y 2006, periodo en el que las Autodefensas Unidas de Colombia expandieron su accionar armado en el norte del país.
De acuerdo con la investigación, los delitos fueron ejecutados por integrantes del llamado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las AUC, que operó en distintas zonas del territorio guajiro bajo lineamientos impartidos por el entonces máximo cabecilla paramilitar.
Entre los crímenes acreditados se encuentran homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, violencia basada en género y otras graves violaciones a los derechos humanos en contra de comunidades indígenas y campesinas.
La Fiscalía también acreditó la destrucción y el hurto de elementos culturales fundamentales para la subsistencia de estas comunidades, como chinchorros, mochilas, mantas y sombreros tradicionales.
A esto se suma el asesinato de dos indígenas wayúu ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, igualmente ubicada en Uribia.
Por estos hechos, el Tribunal condenó a Salvatore Mancuso a 40 años de prisión, le impuso una multa equivalente a $30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
La sentencia también reconoció como sujetos de reparación colectiva a varias comunidades wayúu de Uribia y Riohacha, afectadas de manera directa por el accionar del grupo armado.
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