Foto sacada de redes sociales.
Mientras los altos tribunales del país conmemoraban los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, la Sección Tercera del Consejo de Estado emitió una sentencia histórica que condena al Estado colombiano por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa, víctima de los hechos violentos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Jorge Alberto Echeverry, quien hacía parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, perdió la vida en medio de la toma y posterior retoma del edificio por parte del grupo subversivo M-19 y las fuerzas militares.
El alto tribunal determinó que su muerte fue consecuencia de causas concurrentes: por un lado, la acción violenta y terrorista del M-19; y por otro, la omisión del Estado en sus deberes de protección y el uso excesivo de la fuerza durante la recuperación del Palacio.
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El fallo también recuerda que el caso del magistrado estuvo marcado por una dolorosa confusión: durante años, su familia creyó haber sepultado sus restos en Manizales, hasta que la Fiscalía comprobó que el cuerpo pertenecía en realidad a Bernardo Beltrán, un mesero de 24 años desaparecido durante la misma tragedia.
“La toma del Palacio de Justicia no fue una hazaña política ni un acto de rebeldía heroica, sino una afrenta grave contra el Estado de derecho y la institucionalidad democrática”, señala la sentencia.
En consecuencia, el Ministerio de Defensa deberá indemnizar a los familiares del magistrado Echeverry Correa por perjuicios morales y económicos, además de publicar la providencia en un medio nacional como acto de perdón público. El fallo también ordena que se repita la responsabilidad en contra del M-19, por su participación directa en los hechos.
A cuatro décadas de la tragedia, esta decisión judicial revive el clamor por memoria, justicia y verdad en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia.
Sobre los móviles del hecho no se tiene versión alguna ni testigos presenciales
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