Foto de archivo.
La Fiscalía General de la Nación anunció la desarticulación de una red dedicada al tráfico de clorato de potasio, un insumo utilizado en la fabricación de explosivos, que operaba entre Ecuador y Colombia. La investigación permitió identificar y judicializar a tres de sus presuntos integrantes: Sonia Patricia Prado, Libardo Marcial y Wilson Antonio Usamak.
Según las autoridades, entre 2024 y 2025, Prado y Marcial habrían facilitado el ingreso irregular de la sustancia al país para su posterior distribución en distintas regiones. Para evadir controles, camuflaban el clorato de potasio en cargamentos de abono para cultivos agrícolas transportados por carretera y en envíos de encomiendas.
Por su parte, Usamak, quien trabajaba en una empresa de envíos, habría coordinado la logística de los despachos ilegales, verificando al menos 20 envíos de clorato de potasio y asegurando la operatividad de la red.
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La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los tres procesados por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Aunque no aceptaron los cargos durante las audiencias preliminares, un juez ordenó su medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
Este caso forma parte de una investigación más amplia que ha permitido judicializar a 29 personas vinculadas a la red en Colombia y ha resultado en la incautación de más de 7 toneladas de material explosivo. Las autoridades resaltaron que estas acciones representan un golpe significativo al tráfico ilegal de sustancias químicas, protegiendo la seguridad pública y limitando la capacidad operativa de grupos criminales.
El modus operandi de la red evidencia cómo los grupos delictivos aprovechan tanto el transporte de mercancías como los servicios de envío para introducir sustancias reguladas de manera clandestina. La Fiscalía enfatizó que la investigación continuará para esclarecer completamente la participación de los imputados y garantizar que se determinen con precisión las responsabilidades de cada uno dentro de la cadena delictiva.
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