Foto de archivo y redes sociales.
La justicia colombiana ha dado un paso contundente en la resolución del magnicidio que conmocionó al país el año pasado. A través de la emisión de una circular roja internacional, las autoridades buscan ahora localizar y capturar a seis de los máximos cabecillas de la denominada Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.
Entre los objetivos principales se encuentran Luciano Marín Arango, conocido como alias “Iván Márquez”, y Gener García Molina, alias “Jhon 40”, quienes son señalados por las investigaciones como los presuntos determinadores intelectuales del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido durante un evento político en Bogotá en 2025.
Esta circular roja se suma a un ambicioso cartel de recompensas que el Gobierno Nacional ha ratificado para incentivar la entrega de información veraz.
Por la ubicación de alias “Iván Márquez”, las autoridades ofrecen una suma de hasta $5.000 millones de pesos, mientras que por alias “Jhon 40” y José Manuel Sierra Sabogal, alias “Zarco Aldinever”, la recompensa asciende a los $4.000 millones de pesos.
El proceso investigativo ha permitido establecer que el atentado no fue un hecho aislado, sino una operación meticulosamente planificada con el objetivo de generar un alto impacto político y desestabilizar la institucionalidad del país, coordinada a través de una compleja red logística de intermediarios.
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En el segundo nivel de importancia dentro de este requerimiento judicial aparecen otros mandos medios de la estructura criminal, como John Jairo Bedoya Arias, alias “Rusbel”; Alberto Cruz Lobo, alias “Enrique Marulanda”; y Diógenes Medina Hernández, alias “Gonzalo”, por quienes se ofrecen $2.000 millones de pesos.
Asimismo, se incluye a Kendy Téllez Álvarez, alias “Yako”, con una recompensa de $500 millones.
De acuerdo con las evidencias recolectadas, esta red no solo dio la orden del crimen, sino que supervisó cada detalle del ataque en la capital, lo que ya ha derivado en capturas y condenas previas de los ejecutores materiales y coordinadores logísticos.
La medida adoptada por Interpol busca cerrar el cerco sobre estos líderes guerrilleros que, presuntamente, se ocultan en zonas fronterizas.
El caso de Miguel Uribe Turbay continúa bajo desarrollo judicial, mientras las autoridades avanzan en nuevas líneas de investigación para identificar a otros posibles cómplices.
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