Choque de trenes: SIC exige anular el perdón a la Dimayor

Minuto30.com .- El pulso legal por los derechos laborales y la libre competencia en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) ha sumado un nuevo y polémico capítulo. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) anunció su respaldo total a la acción de nulidad presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra la reciente decisión de la Corte Constitucional que favoreció a las directivas del balompié nacional.

El recurso legal, liderado por la superintendente Cielo Rusinque, busca tumbar la Sentencia T-070 de 2026, la cual dejó sin efectos las millonarias sanciones que la SIC había impuesto a la Dimayor y a cinco clubes profesionales por elaborar un sistema anticompetitivo (comúnmente conocido como «veto») que restringía injustificadamente la movilidad y contratación de los jugadores.

Denuncia por conflicto de intereses en la Corte

Uno de los puntos más graves expuestos por ACOLFUTPRO en su comunicado es el cuestionamiento directo a la imparcialidad de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, encargada de emitir dicha providencia.

El gremio de futbolistas llamó la atención sobre la participación del magistrado Carlos Camargo Assis, señalando que este tendría una estrecha cercanía con los directivos del FPC, e incluso recordando que en el pasado ha integrado la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

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La postura de la SIC: «Inconsistencias e impunidad»

La superintendente Cielo Rusinque utilizó sus canales oficiales (X/Twitter) para anunciar la radicación de la acción de nulidad ante la Sala Plena de la Corte, advirtiendo sobre las graves consecuencias que traería dejar en firme esta sentencia:

«Presenta notables inconsistencias en sus presupuestos fácticos y jurídicos… terminará por llevar a la impunidad una conducta anticompetitiva que no solo viola la libre competencia económica, sino que afecta el desarrollo profesional de los futbolistas».

En su pronunciamiento, Rusinque destacó que apenas la noche anterior habían podido conocer el texto completo del fallo y reiteró que la misión de la entidad es proteger los derechos de los jugadores frente a las prácticas implementadas por la Dimayor.

El origen de la investigación y el llamado a la Sala Plena

Cabe recordar que todo este proceso sancionatorio nació precisamente de una denuncia formal presentada por ACOLFUTPRO. Tras años de investigación técnica, la SIC logró comprobar la existencia de acuerdos ilegales de no contratación entre los clubes, diseñados para bloquear el libre tránsito de los deportistas en el mercado.

Para ACOLFUTPRO, permitir que la Sentencia T-070 de 2026 quede en firme representa un grave retroceso judicial que premia a los infractores y destruye años de trabajo institucional. Por ello, instan a la Sala Plena de la Corte Constitucional a estudiar la nulidad y garantizar que los futbolistas en Colombia puedan ejercer su carrera sin trabas ilegítimas.

Los sancionados

En enero de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, impuso sanciones por más de ocho mil millones de pesos a cinco clubes del fútbol profesional colombiano y a la Dimayor.

Para la SIC, los sancionados concibieron un sistema para desincentivar la movilidad de jugadores entre clubes, limitando la libre competencia económica.

Los clubes sancionados son Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A., Unión Magdalena S.A., Asociación Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club S.A. y Club Deportivo Atlético Fútbol Club S.A.

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