Foto: Policía de Bogotá
En medio de operativos de control adelantados en el norte de Bogotá, las autoridades reportaron la captura de una mujer de 27 años que era requerida por la Interpol mediante circular roja, solicitada por la justicia de Argentina.
El procedimiento tuvo lugar en la localidad de Chapinero, específicamente en el sector de Rosales, donde uniformados realizaban labores de verificación y control. Durante estas actividades, los agentes abordaron a una ciudadana para un registro rutinario.
Al momento de revisar su identidad y antecedentes, los policías detectaron que la mujer tenía una orden judicial vigente en su contra, lo que derivó en su captura inmediata.
Requerimiento internacional
Según la información oficial, la detenida era buscada por autoridades judiciales argentinas por su presunta participación en varios casos de hurto agravado. La solicitud en su contra fue emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 56, lo que activó los mecanismos de cooperación internacional para su localización.
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Modalidad de los hechos investigados
Las investigaciones apuntan a que la mujer habría utilizado aplicaciones de citas como herramienta para contactar a sus víctimas. Posteriormente, acordaba encuentros en distintos espacios, entre ellos clubes nocturnos o viviendas.
De acuerdo con las autoridades, en esos encuentros generaba un ambiente de confianza y, en algún momento, suministraba a las personas una sustancia en bebidas alcohólicas que las dejaba en estado de indefensión. Bajo esas condiciones, se habrían cometido los hurtos de dinero, objetos de valor y documentos personales.
El mismo patrón habría sido utilizado en al menos cinco hechos distintos, lo que permitió a las autoridades identificar una posible reiteración en la conducta investigada.
A disposición de las autoridades
Tras su captura, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes, que ahora deberán adelantar los procedimientos correspondientes frente al requerimiento internacional y su situación judicial.
El caso se enmarca dentro de las acciones de seguridad que se vienen desarrollando en la ciudad, orientadas a la identificación de personas con órdenes judiciales vigentes y al fortalecimiento de los controles en espacios públicos.
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Durante el procedimiento, los involucrados exigieron $150 millones al propietario para evitar su judicialización.
La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas mientras el comunicador permanece bajo atención médica.