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Una mujer de 42 años fue enviada a un centro de reclusión luego de ser judicializada por la Fiscalía General de la Nación, que la señala de, presuntamente, dedicarse a la comercialización de estupefacientes y droga sintética en el suroccidente de Medellín.
La procesada fue identificada como Nidia Correa, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas. De acuerdo con la investigación, la mujer sería responsable de distribuir estos estupefacientes en el barrio Antioquia, uno de los sectores donde las autoridades han adelantado operativos contra este tipo de delitos.
Captura durante un allanamiento
La captura se produjo en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro realizada por servidores del Grupo Antinarcóticos y Tareas Especiales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
El procedimiento fue ejecutado en una vivienda ubicada en el barrio Belén Fátima, en Medellín, donde los investigadores adelantaban labores orientadas a verificar la presunta actividad ilegal que allí se desarrollaba.
Durante la inspección al inmueble, las autoridades encontraron diferentes elementos que fueron incorporados como material probatorio dentro del proceso.
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Hallaron cocaína, droga sintética y dinero en efectivo
Según informó la Fiscalía, en la vivienda fueron incautados 1.929 gramos de cocaína, 3 gramos de tusi y cerca de 30 millones de pesos en efectivo.
De acuerdo con la hipótesis del ente investigador, el dinero hallado correspondería, presuntamente, a recursos obtenidos mediante la comercialización de sustancias estupefacientes.
Tanto los narcóticos como el efectivo quedaron bajo custodia de las autoridades y harán parte de la evidencia que será presentada dentro del proceso penal.
No aceptó los cargos
Tras la captura, Nidia Correa fue presentada ante un juez durante las audiencias concentradas.
En esa diligencia, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. La procesada decidió no aceptar el cargo formulado por la Fiscalía.
Posteriormente, un juez de control de garantías evaluó los elementos presentados por el ente acusador y ordenó imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza la investigación.
Con esta decisión, el proceso judicial continuará en las etapas previstas por la ley, en las que se determinará la responsabilidad de la mujer frente a los hechos que le atribuyen las autoridades.
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