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Un juez de control de garantías avaló un principio de oportunidad parcial a favor del capitán de la Policía Nacional Óscar Mojica Cordón, investigado por las interceptaciones ilegales realizadas contra Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, en uno de los casos más polémicos que rodeó al Gobierno del presidente Petro.
La decisión fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación y contempla la suspensión, durante 12 meses, de la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones. A cambio, el oficial deberá colaborar con la justicia y declarar como testigo de cargo en los procesos que se adelantan contra otros presuntos implicados en las llamadas «chuzadas».
De acuerdo con la Fiscalía, Mojica aceptó su responsabilidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones, lo que permitió que el juez aprobara el beneficio. Sin embargo, el proceso penal en su contra no termina, ya que continuará siendo investigado por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.
Las investigaciones señalan que, el capitán se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá y habría participado en la elaboración de documentos falsos utilizados para obtener de manera irregular órdenes judiciales de interceptación.
Según la Fiscalía, en esos informes se aseguró falsamente que Marelbys Meza y Fabiola Perea hacían parte de una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá. Esa información habría servido como fundamento para solicitar las interceptaciones telefónicas dentro de una investigación relacionada con estructuras criminales.
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Como parte del principio de oportunidad, Mojica deberá entregar información relevante y rendir testimonio sobre la participación de otros uniformados involucrados en la presunta manipulación de documentos y en las interceptaciones ilegales. Además, suscribió un preacuerdo con la Fiscalía que será presentado ante un juez de conocimiento para su eventual aprobación.
La investigación también involucra al intendente Alfonso Quinchanegua y a la patrullera Dana Canizales, quienes, según la Fiscalía, habrían elaborado documentos en los que relacionaban falsamente los números telefónicos de Marelbys Meza y Fabiola Perea con integrantes del Clan del Golfo para justificar las interceptaciones.
Canizales, quien también obtuvo un principio de oportunidad, aseguró que recibió instrucciones directas de Mojica para firmar formatos de fuentes no formales utilizados como soporte de las solicitudes judiciales. Por su parte, Quinchanegua afirmó que las órdenes para adelantar las interceptaciones fueron impartidas durante una reunión realizada en una oficina ubicada cerca de la Casa de Nariño.
El caso se originó tras la denuncia por la desaparición de una suma de dinero en la residencia de Laura Sarabia, ocurrida en enero de 2023, cuando era jefa de gabinete de la Presidencia.
La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad de los demás funcionarios presuntamente involucrados en las interceptaciones ilegales.
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