Ricardo Roa junto a Gustavo Petro. Foto tomada de redes sociales -
Minuto30.com .- La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) imponer una sanción contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, por su papel como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro durante las elecciones de 2022. Según el organismo de control, Roa incurrió en violaciones a los topes de financiación permitidos y en ocultamiento deliberado de gastos.
El ministerio público acusa a Roa de haber superado el límite legal de gasto en la primera vuelta presidencial, reportando un total de 28.690 millones de pesos, cuando el tope establecido por el CNE era de 28.536 millones, es decir, un exceso de 154 millones de pesos. Pero lo más grave, según el informe, es que este sobrepaso no fue accidental, sino una acción con intención dolosa para encubrir el exceso de recursos utilizados.
Una de las irregularidades más destacadas es el caso del alquiler del Movistar Arena en Bogotá, utilizado por la campaña para recibir los resultados de la segunda vuelta. Aunque oficialmente se reportaron 150 millones de pesos, la Procuraduría sostiene que el costo real fue de 250 millones, y que los 100 millones restantes fueron pagados por la empresa Servired S.A.S., una persona jurídica, lo cual está prohibido por las normas electorales.
Por estos hechos, la Procuraduría solicitó una sanción económica equivalente al 2% del valor aportado por el Estado para la segunda vuelta, lo que representa aproximadamente 308 millones de pesos, así como la devolución de los 154 millones de exceso en la primera vuelta. La solicitud de sanción también alcanza a la tesorera de campaña, Lucy Aydee Mogollón, y a los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus.
Este proceso pone en el centro del debate a Ricardo Roa, quien actualmente dirige la empresa más importante del país, Ecopetrol, en medio de un clima de creciente escrutinio sobre la transparencia en la financiación electoral y la independencia de altos funcionarios del sector público. El Consejo Nacional Electoral deberá ahora estudiar el concepto de la Procuraduría y decidir si procede con las sanciones solicitadas.
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