Foto: Alcaldía de Cali
Con el propósito de mitigar el histórico hacinamiento de personas privadas de la libertad, que se encuentran en estaciones de Policía de la ciudad y en Unidades de Reacción Inmediata (URI), la Alcaldía de Cali y la Dirección Regional Occidental del Instituto Colombiano Penitenciario y Carcelario (INPEC), firmaron un convenio interadministrativo.
En ese marco, la Alcaldía liderada por Alejandro Eder aporta 2.000 millones de pesos, para que el INPEC atienda a personas en condición de sindicados en los centros penitenciarios de Cali y Jamundí a cargo del Gobierno Nacional. Este presupuesto garantizará la entrega de elementos como kits de aseo, colchonetas, ventiladores y combustible.
“Desde la Alcaldía buscamos garantizar los derechos fundamentales de nuestra población privada de la libertad. Este convenio responde a una de las estrategias, a corto plazo, que nos trazamos bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Eder, para cumplir con los mandatos constitucionales que protegen a esta población sindicada”, explicó Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad y Justicia Distrital.
Guillermo Andrés González, director regional del INPEC, destacó la firma del convenio como una muestra de la creación de sinergias que contribuyen a mitigar situaciones coyunturales en la ciudad.
“Hace 18 años no se firmaba un convenio interadministrativo como este y se logró en esta vigencia, gracias a la buena voluntad de la Administración Distrital. Lo que queremos destacar con el convenio es que sí se pueden materializar este tipo de alianzas, necesarias para mejorar las condiciones de hacinamiento. Queda agradecerle a la Alcaldía de Cali y a los del INPEC que intervinieron en este proyecto para que saliera adelante”, resaltó González.
Cabe destacar que parte de las acciones de la Alcaldía de Cali para brindar mejores garantías a las personas privadas de la libertad en sitios de reclusión alternos a los centros penitenciarios, fue la adecuación y mejoramiento de la infraestructura de las estaciones de Policía El Diamante, Alfonso López y Marianos Ramos.
A mediano plazo se espera adecuar un centro de detención transitorio, que permitirá albergar a las personas privadas de la libertad. Igualmente y a largo plazo, se trabaja para que Cali pueda contar con una cárcel Distrital. Estos proyectos se incluyeron en el Plan de Desarrollo 2024-2027.
De acuerdo con la normativa establecida en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, se estipula la responsabilidad de los entes territoriales en la gestión de centros de reclusión para los sindicados de sus respectivas jurisdicciones.
La norma indica que en los presupuestos municipales y departamentales, se deben incluir las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles como pagos de empleados; raciones y vigilancia de presos; gastos de remisiones y viáticos; materiales y suministros; compra de equipos y demás servicios.
Quienes no cuenten con centros carcelarios locales, podrán contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) el recibo de sus presos mediante un acuerdo entre las partes.
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