¡Briceño bajo alerta! Grupos ilegales intensifican enfrentamientos y provocan desplazamientos masivos

Briceño, en el nordeste de Antioquia, enfrenta un aumento preocupante de la violencia que amenaza la vida de sus habitantes y comunidades rurales. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia tras identificar riesgos crecientes por enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la región.

Los principales actores son el Frente 36, disidente del Bloque Magdalena Medio, y el grupo emergente Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, formado este año tras la división del disidente Frente 18 de las antiguas Farc. También hay tensión con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que disputa el control territorial.

La salida del Frente 18 del Bloque Magdalena Medio y su adhesión al Nuevo Estado Mayor Central, liderado por ‘Iván Mordisco’, podría intensificar los combates. Briceño es estratégico por rutas de movilidad y el control de rentas ilícitas provenientes de cultivos ilegales y minería.

Hasta septiembre de 2025, se han registrado diez homicidios de jóvenes entre 17 y 28 años. En octubre, más de 1.000 familias (2.100 personas) se desplazaron forzosamente tras órdenes del Frente 36 por la inminencia de combates con el EGC.

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Los grupos armados ejercen gobernanza sobre la población, imponiendo normas de comportamiento y restricciones de movilidad, como prohibiciones de circulación nocturna y exigencia de cartas de recomendación de juntas comunales. Líderes locales han sido coaccionados para replicar estas instrucciones, aumentando su riesgo de amenazas o asesinatos selectivos.

El riesgo afecta especialmente a niñas, niños y adolescentes, vulnerables al reclutamiento y la desescolarización, así como a mujeres y docentes, quienes pueden ser señaladas, violentadas o forzadas a abandonar el municipio. Además, la presencia de minas y artefactos explosivos sigue poniendo en peligro la vida de las comunidades.

Frente a esta situación, la Defensoría pidió a las autoridades actuar de inmediato para proteger a la población, prevenir la violencia y garantizar justicia, a través de 18 recomendaciones. Estas incluyen medidas para proteger a niñas, niños, adolescentes y líderes sociales, garantizar atención humanitaria a las familias desplazadas, reforzar la presencia institucional en el territorio y asegurar que los delitos cometidos por los grupos armados sean investigados y sancionados.

Además, se enfatiza la necesidad de prevenir riesgos derivados de minas antipersonal y artefactos explosivos, y de mantener un enfoque de derechos humanos y derecho internacional humanitario en todas las acciones.