Captura del video de redes sociales.
Las autoridades confirmaron avances significativos en la investigación por el atentado en Tunja, ocurrido este fin de semana cuando una volqueta cargada con tatucos fue abandonada a pocos metros del Batallón Simón Bolívar, dejando severos daños en la guarnición militar y afectaciones en al menos 36 viviendas del barrio Prados de Alcalá.
El Ejército Nacional atribuye el ataque al frente Adonay Ardila Pinilla del ELN, comandado por alias Poeta, y sostiene que habría sido ejecutado como represalia por las operaciones militares adelantadas en municipios de Boyacá como Socotá, Labranza Grande y Pajarito.
El coronel Raúl Cardona Restrepo, comandante de la Primera Brigada del Ejército, aseguró que las investigaciones “avanzan con resultados concretos derivados de varios allanamientos”.
Aunque evitó revelar detalles por reserva judicial, confirmó que los procedimientos han permitido identificar puntos clave sobre la preparación y ejecución del atentado.
“En su debido momento, el comando del Ejército o los mandos darán la información a la opinión pública. En este corto plazo ya hay resultados tangibles”, señaló el oficial.
Entre los lugares inspeccionados se encuentran los sitios donde fue adquirida la volqueta utilizada en el ataque y donde presuntamente se instalaron los cilindros explosivos.
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Según el director general de la Policía, William Rincón, el vehículo contenía tatucos con temporizadores secuenciales, lo que demuestra una planeación meticulosa del hecho.
La explosión dejó un panorama de destrucción: vidrios rotos, fachadas colapsadas y muros afectados tanto en el interior del batallón como en viviendas vecinas.
Tras el atentado en Tunja, el Gobierno departamental de Boyacá convocó un consejo de seguridad urgente la misma noche del sábado, donde se adoptaron nuevas medidas para fortalecer la vigilancia. Entre las decisiones están: la instalación de cámaras de seguridad en la ruta Tunja–Paipa–Duitama–Sogamoso, la misma por la que ingresó la volqueta, y el refuerzo del pie de fuerza con nuevos oficiales y la recuperación de un cantón militar.
El caso sigue bajo investigación de la Fiscalía y la Policía Judicial, mientras la ciudadanía pide mayor presencia del Estado ante el resurgimiento de acciones violentas atribuidas al ELN en el centro del país.
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