El equipo de seguridad del presidente electo, Abelardo De La Espriella, informó que recibió en las últimas horas información de inteligencia que advierte sobre un presunto plan criminal para atentar contra su vida durante el desarrollo de las jornadas de empalme regional que adelanta en diferentes zonas del país.
Según el comunicado divulgado por su equipo, los reportes ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes y adopten las medidas necesarias frente a la amenaza.
De acuerdo con la información conocida, los organismos de inteligencia tendrían indicios de un supuesto ofrecimiento de hasta 3.000 millones de pesos que habría sido realizado por estructuras del ELN y de las disidencias de las Farc para ejecutar un atentado contra el mandatario electo.
El comunicado también señala que los reportes de inteligencia advierten sobre la posibilidad de que personas intenten infiltrarse en ruedas de prensa y demás actividades públicas programadas durante la agenda de empalme.
Según se indicó, estos escenarios representarían un riesgo especial, en particular aquellos en los que participan niños, adultos mayores y un alto número de asistentes.
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Pese a la información recibida, el equipo del presidente electo aseguró que la agenda prevista no será suspendida. En el pronunciamiento se señala que De La Espriella continuará con sus actividades porque considera que «Colombia no puede ceder ante las amenazas» de quienes buscan imponer el miedo mediante actos violentos.
No obstante, también se informó que serán implementadas medidas extraordinarias de seguridad para reforzar la protección del presidente electo, de los integrantes de su equipo de gobierno y de las personas que asistan a los diferentes eventos públicos.
En el comunicado, el equipo de De La Espriella pidió a las autoridades avanzar con rapidez en las investigaciones para esclarecer el origen de la información de inteligencia, identificar a los posibles responsables y evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo la vida del mandatario electo o de la población civil.
Finalmente, el pronunciamiento concluye reiterando que «Colombia tiene derecho a vivir en democracia» y sostiene que ninguna organización criminal debe impedir que el Gobierno elegido por los ciudadanos pueda ejercer sus funciones.
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