Foto de cortesía.
Un ciudadano islandés requerido por la justicia colombiana fue capturado en el barrio Laureles, en el occidente de Medellín, por su presunta responsabilidad en un caso de explotación sexual comercial de una menor de edad.
El procedimiento fue adelantado por unidades de la Policía Nacional durante labores de vigilancia y control en vía pública.
De acuerdo con información oficial, el capturado es un ciudadano islandés, identificado como Borkelsson, de aproximadamente 40 años, quien era buscado mediante orden judicial emitida por un juzgado de control de garantías por el delito de demanda de explotación sexual con persona menor de 18 años.
La captura se materializó luego de que los uniformados verificaran su identidad en los sistemas de información y confirmaran que tenía un requerimiento vigente.
Las autoridades indicaron que el extranjero estaría vinculado a hechos ocurridos a comienzos de diciembre en el mismo sector de Laureles, donde presuntamente habría contactado a una adolescente de 15 años.
El caso se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la recolección de pruebas y testimonios.
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Durante el procedimiento, y con el fin de garantizar el debido proceso, la Policía contó con el acompañamiento de un traductor adscrito al Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, lo que permitió una correcta comunicación con el capturado y la notificación de sus derechos.
En el momento de la captura, el hombre se encontraba en compañía de una joven de 17 años y de su madre. Ante esta situación, la menor fue puesta de inmediato bajo protección del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía y dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de adelantar el proceso de verificación y restablecimiento de derechos.
Las autoridades reiteraron su llamado a denunciar cualquier situación relacionada con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y recordaron que Medellín mantiene operativos permanentes para prevenir este delito y proteger a la población menor de edad, especialmente frente a riesgos asociados al turismo sexual.
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