Foto de cortesía.
El Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medellín impuso una sanción de dos días de arresto y una multa de dos salarios mínimos contra Luis Óscar, agente interventor de la Nueva EPS, tras declararlo en desacato.
La drástica medida responde al incumplimiento sistemático de un fallo de tutela que buscaba proteger la vida de Blanca, una paciente de 92 años que lleva más de un mes y medio esperando un procedimiento cardíaco vital en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Manuel Uribe Ángel.
El caso, que evidencia la indiferencia administrativa frente a casos de vida o muerte, se remonta al mes de enero de 2026, cuando el despacho judicial ordenó el traslado inmediato de la paciente a una institución con especialidad en electrofisiología.
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Blanca requiere con urgencia el explante de un marcapasos y la implantación de uno bicameral; sin embargo, ni el agente interventor ni el gerente regional Noroccidente, Carlos Andrés (quien también recibió la misma sanción), gestionaron la remisión, dejando a la adulta mayor en un estado de vulnerabilidad extrema.
Ante este panorama, la providencia ordenó a la Policía Metropolitana de Medellín proceder con la detención de los sancionados una vez quede ejecutoriada la decisión. Mientras tanto, el expediente fue remitido al Tribunal Superior de Medellín para su consulta, dejando un mensaje claro: las órdenes judiciales que protegen el derecho fundamental a la salud no son sugerencias y su omisión tiene consecuencias penales directas para quienes lideran las entidades intervenidas.
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