Foto. Archivo.
Este lunes, y ante la Corte Suprema de Justicia, se retomó el caso contra el gobernador electo, hoy preso, Aníbal Gaviria, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito cuando fue mandatario en 2004.
En este paso se lleva a cabo la audiencia preparatoria al juicio, donde la Fiscalía mostrará las pruebas contra el gobernador suspendido, y a su vez la defensa de Gaviria pedirá la nulidad del caso.
Sobre este caso, Gaviria emitió un comunicado en el que aseguró que no se investiga corrupción, sino errores en la contratación.
“En este proceso no se investigan actos de corrupción, ni detrimento patrimonial, mala calidad de la obra, impertinencia del proyecto, ni obras inconclusas, la propia Fiscalía ha aceptado que se desatendieron principios de la contratación pública”, explicó en la misiva.
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Para Aníbal Gaviria, el proceso se está llevando a cabo con la “errada aplicación de la ley 600 de 2000 desde que inició esta investigación en 2019”, y por eso pedirá la nulidad, para poder quedar en libertad.
Es de anotar también que la defensa del mandatario ha intentado en varias oportunidades dejar en libertad a Gaviria, pero sin éxito.
En la última, la Corte Suprema respondió: “Esta Sala no encuentra procedente la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, al no existir prueba sobreviviente que permita inferir, de manera razonable, que han desaparecido los presupuestos fácticos o jurídicos tomados en consideración para imponer la detención preventiva, ejecutada domiciliariamente al procesado Aníbal Gaviria”.
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