Foto de archivo para ilustrar la nota.
Antioquia vuelve a encender las alarmas por la violencia contra los líderes sociales. Según cifras de la Fundación Sumapaz, al corte del 6 de mayo de 2026 ya se registran 12 asesinatos de personas que ejercían liderazgos comunitarios en el departamento, una situación que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los casos se han presentado en distintas subregiones, principalmente en el suroeste, nordeste, norte y también en el área metropolitana del Valle de Aburrá, lo que evidencia una expansión del fenómeno en varios puntos del territorio antioqueño.
Violencia asociada a control territorial
De acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades, estos hechos estarían relacionados con disputas entre estructuras armadas ilegales que operan en diferentes zonas del departamento. Estas confrontaciones por el control territorial serían uno de los factores que estarían afectando de manera directa a los líderes sociales, quienes cumplen roles comunitarios en sus regiones.
El panorama en Antioquia se suma a una tendencia nacional que también genera alerta. Con corte al 31 de marzo, se reportan más de 30 líderes sociales asesinados en todo el país durante lo corrido del año, según cifras de organizaciones que hacen seguimiento a este tipo de violencias.
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A nivel más amplio, los registros de la última década reflejan la magnitud del problema: alrededor de 1.600 líderes y lideresas sociales han sido asesinados en Colombia en los últimos diez años, lo que equivale a más de 150 casos por año en promedio.
El caso más reciente en Antioquia corresponde al asesinato de una lideresa comunal en el municipio de Bello, quien ocupaba la vicepresidencia de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Vegas. De acuerdo con el reporte, fue atacada por hombres armados que se movilizaban en motocicleta mientras se encontraba con su esposo.
Llamados a reforzar la protección
Ante este panorama, desde la Fundación Sumapaz se ha reiterado el llamado a las autoridades nacionales para fortalecer los esquemas de protección y garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen liderazgo en sus comunidades.
La organización insiste en que estos hechos no solo representan la pérdida de vidas, sino también el debilitamiento del tejido social en territorios donde los líderes cumplen un papel clave en procesos comunitarios, de participación y defensa de derechos.
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