Foto de cortesía.
La Fiscalía General de la Nación dio un golpe contundente a la impunidad en el sector salud al acusar formalmente a José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS, y a tres de sus antiguos colaboradores más cercanos.
Según el ente acusador, los exdirectivos lideraron un entramado criminal entre 2019 y 2022 para ocultar la quiebra de la entidad mediante informes financieros adulterados.
Esta maniobra habría permitido reportar utilidades inexistentes por más de $70.000 millones de pesos, engañando a la Junta Directiva y a la Superintendencia de Salud para evitar intervenciones y asegurar la renovación de su licencia de funcionamiento.
La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, reveló que el equipo financiero dejó de procesar cerca de $14 millones de facturas de servicios prestados por diversas IPS, escondiendo deudas astronómicas.
Al presentar estos estados financieros adulterados, la administración de Cardona Uribe mostró una solidez económica irreal que no correspondía con las pérdidas millonarias que la EPS registraba año tras año.
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Por estos hechos, los acusados deberán responder en juicio por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud; adicionalmente, Cardona enfrenta cargos por peculado por apropiación.
El juicio oral, que promete revelar más detalles sobre cómo se «maquillaron» las cuentas para ocultar el hueco fiscal, está programado para iniciar con la audiencia preparatoria el próximo 23 de febrero de 2026.
Los peritos contables del CTI presentarán como prueba reina la inspección de más de 3.4 millones de facturas que fueron engavetadas para simular solvencia.
De ser hallados culpables, los exfuncionarios podrían enfrentar penas ejemplares por comprometer la estabilidad del Sistema Nacional de Salud y poner en riesgo la vida de miles de colombianos.
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