Asamblea Departamental de Antioquia. Foto archivo.
Con el respaldo de 100 alcaldías de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón, solicitó a la Asamblea Departamental aprobar el proyecto que propone incluir un impuesto de seguridad.
La Asamblea Departamental de Antioquia tendrá que debatir sobre este nuevo proyecto de ordenanza, el cual se basa en incluir un impuesto en las facturas de servicios públicos para financiar la seguridad en el departamento.
El proyecto busca que los estratos 4, 5 y 6 paguen 80 pesos por kilovatio hora consumido, mientras que el sector empresarial aportaría un promedio de 60 pesos por kilovatio.
Según la Gobernación, el impacto sería mínimo, con el 60% de los no residenciales contribuyendo con menos de $30 mil pesos mensuales.
La iniciativa enfrenta rechazo de varios sectores, pese al respaldo de más de 100 alcaldías.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) advirtió sobre la posible nulidad de la medida por vulnerar el principio de legalidad tributaria. No obstante, la secretaria general de Antioquia, Martha Patricia Correa Taborda, defendió la legalidad del tributo, citando la revisión de la Corte Constitucional.
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El gobernador Rendón subrayó la urgencia de la medida para enfrentar amenazas como las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y el microtráfico, que afectan el orden público.
“No es cómodo implementar tributos, pero son necesarios para financiar bienes públicos esenciales como la seguridad”, afirmó.
El debate, que divide opiniones, ahora recae en los 26 diputados de la Asamblea Departamental, quienes definirán el futuro de esta propuesta del impuesto de seguridad.
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