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Resumen: La Contraloría puso bajo revisión los soportes de una consultoría contratada en 2025 para verificar subsidios de vivienda rural. Fotografías repetidas, ubicaciones coincidentes y documentos del personal forman parte de los hallazgos que deberán examinar las autoridades competentes.
Puntos clave
- La Contraloría validó un hallazgo fiscal por $9.000 millones en una consultoría contratada en 2025 para verificar subsidios de vivienda rural de 2000 a 2017.
- En 2.571 de las 9.636 actas examinadas encontró grupos de fotografías idénticas; una imagen de un baño apareció en 21 actas de diez departamentos.
- También señaló coordenadas coincidentes en 4.509 actas y dudas sobre el volumen de visitas reportadas.
- La UGPP verificará los aportes del personal sin soportes individuales; las responsabilidades deberán definirse en las actuaciones competentes.
Un contrato suscrito por el Ministerio de Agricultura en 2025, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, para revisar subsidios de vivienda rural quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República por presuntas inconsistencias en las pruebas de su ejecución. El organismo validó un hallazgo fiscal por $9.000 millones, con presuntas incidencias disciplinaria y penal, tras examinar actas, fotografías y ubicaciones reportadas en las visitas de campo.
La consultoría fue contratada por el Ministerio de Agricultura en 2025, con el Consorcio Audiviv. Su propósito era verificar el estado de subsidios otorgados y operados por el Banco Agrario entre 2000 y 2017. Es decir, el periodo de los subsidios revisados es distinto al año en que se suscribió el contrato ahora cuestionado.
Los $9.000 millones corresponden al hallazgo sobre esa consultoría. No se trata de una condena penal ni de una decisión que haya establecido responsabilidades individuales. Las presuntas irregularidades deberán ser examinadas por las autoridades competentes.
¿Qué encontró la Contraloría en las actas de vivienda rural?
El consorcio reportó 12.089 visitas de campo. De ese total, 6.499 se habrían realizado únicamente en noviembre de 2025, lo que equivale a unas 217 verificaciones diarias en zonas rurales dispersas. Para el ente de control, ese volumen genera dudas sobre las condiciones en que se habrían efectuado los recorridos.
La revisión de 9.636 actas permitió identificar 1.105 grupos de fotografías idénticas, utilizados en 2.571 documentos. La observación no corresponde simplemente a imágenes similares: el cuestionamiento está en que los mismos registros aparecían como soporte de viviendas y beneficiarios diferentes.
Uno de los ejemplos citados por la Contraloría fue la fotografía de un baño que apareció en 21 actas correspondientes a diez departamentos. En conjunto, las imágenes repetidas estaban presentes en aproximadamente una de cada cuatro actas examinadas.
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Los problemas señalados también alcanzan la georreferenciación. Según la revisión, 4.509 actas tenían coordenadas exactamente coincidentes, pese a estar asociadas a viviendas distintas. Un punto se repitió en 80 actas de cuatro municipios del Huila; otro apareció en 42 registros de Tolima y Amazonas.
Estas coincidencias son parte del soporte del hallazgo fiscal. La pregunta que plantea el organismo es si los documentos acreditan las visitas y las condiciones reportadas para cada inmueble, tal como lo exigía la consultoría.
El programa de vivienda rural contemplaba subsidios para construir casas nuevas o mejorar las existentes, dirigidos a hogares rurales de bajos ingresos y población vulnerable. Los apoyos podían cubrir intervenciones en pisos, paredes, techos, baños y cocinas, así como soluciones de saneamiento básico.
También revisarán los soportes de seguridad social
La Contraloría validó un segundo hallazgo, con presunta incidencia disciplinaria y traslado a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP). Este componente está relacionado con los documentos del personal técnico y de apoyo vinculado al contrato.
De las 97 personas reportadas, el organismo no encontró soportes individuales de aportes a la seguridad social para 63. La UGPP deberá verificar si esos pagos se realizaron. La falta de los soportes en la revisión no equivale, por sí sola, a una conclusión definitiva sobre el incumplimiento de los aportes.
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¿Qué sigue tras los hallazgos?
El Ministerio de Agricultura deberá ajustar su plan de mejoramiento para atender las observaciones. A su vez, las presuntas incidencias disciplinaria y penal serán trasladadas a las autoridades que tienen competencia para adelantar las actuaciones correspondientes.
El caso pone el foco en la verificación de la vivienda rural y en los documentos usados para acreditar el trabajo contratado. Por ahora, lo establecido es el hallazgo del organismo de control sobre la consultoría y las inconsistencias que identificó; la determinación de las responsabilidades y sus consecuencias corresponde a los procedimientos respectivos.
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