Se le cayó otro expediente a Álvaro Uribe: Fiscalía archiva caso por supuesto soborno a exparamilitares

Álvaro Uribe volvió a salir bien librado de un capítulo judicial: la Fiscalía General de la Nación ordenó archivar la investigación que se le seguía por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, relacionados con supuestas presiones y pagos a exparamilitares para que modificaran sus testimonios.

El expediente, en el que el senador Iván Cepeda aparecía como víctima, nació de las denuncias formuladas en 2018 sobre supuestos ofrecimientos económicos y presiones a exparamilitares para que cambiaran sus versiones sobre los presuntos vínculos de los hermanos Uribe con el Bloque Metro de las Autodefensas o declararan en contra del senador.

Según el ente acusador, la decisión se adoptó el 13 de noviembre de 2026 y se fundamentó en la falta de elementos probatorios que permitieran establecer la existencia de los hechos denunciados.

¿Por qué la Fiscalía archivó la investigación contra Álvaro Uribe?

En la resolución, de 47 páginas, la Fiscalía concluyó que no era posible determinar que las conductas denunciadas hubieran ocurrido y, por lo tanto, tampoco establecer la configuración del delito de soborno en la actuación penal.

«No es posible establecer la existencia de los hechos denunciados y, por ende, tampoco la posible actualización del verbo rector de la conducta de soborno en la actuación penal», señala el documento del ente acusador.

La determinación fue adoptada con fundamento en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, norma que contempla el archivo de las diligencias cuando no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan caracterizar la conducta como delito o indicar su posible existencia.

La investigación contemplaba dos posibles conductas. La primera, el soborno en actuación penal, relacionada con los supuestos ofrecimientos económicos a exparamilitares para que modificaran sus declaraciones o entregaran testimonios que perjudicaran a Iván Cepeda. La segunda, el fraude procesal, asociada a las presuntas maniobras para alterar el curso de las actuaciones judiciales con versiones manipuladas.

Lea también: Guerra del ELN y ‘Mordisco’ en Casanare: minas, confinamientos y cuatro localidades en riesgo

En la práctica, el archivo significa que, con el material recaudado hasta el momento, el ente acusador no encontró sustento para imputar los hechos ni para llamar a juicio al expresidente en este expediente. Se trata de una decisión propia de esta investigación, distinta de otros procesos judiciales que el expresidente ha afrontado, que siguen su propio curso.

¿Qué hechos estaba revisando la Fiscalía?

Entre los hechos examinados por el ente acusador estaban las presuntas actuaciones relacionadas con exparamilitares conocidos con los alias de ‘Castañeda’ y ‘Simón’, así como un supuesto encuentro en el establecimiento La Jugosa de la 70, visitas en la cárcel de Itagüí y posibles presiones contra Óscar Monsalve Correa.

Las denuncias apuntaban a que, detrás de esas gestiones, habría estado el propósito de obtener testimonios favorables sobre los presuntos vínculos de los hermanos Uribe con estructuras paramilitares o declaraciones que comprometieran al senador Cepeda.

Cabe recordar que Álvaro Uribe ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones en su contra. El expresidente ha sostenido públicamente su inocencia y ha dicho que los señalamientos hacen parte de una persecución judicial en su contra, postura que su defensa ha mantenido en los distintos procesos que ha afrontado.

Lea también: Clan del Golfo: Policía de Antioquia se blinda por posible plan pistola tras la caída de Negro Perea

¿El expediente contra Álvaro Uribe quedó cerrado del todo?

No necesariamente. La decisión de la Fiscalía establece el cierre de las diligencias de este expediente, pero contempla expresamente la posibilidad de reabrirlas si aparecen evidencias que modifiquen las conclusiones de la investigación.

El organismo investigador precisó que, mientras la acción penal se encuentre vigente, podrá aplicar nuevamente las disposiciones legales correspondientes si surgen elementos que permitan avanzar sobre los hechos denunciados.

La determinación se conoce en medio de los antecedentes judiciales que han enfrentado a Álvaro Uribe e Iván Cepeda por las controversias relacionadas con los testimonios de exparamilitares y los señalamientos sobre presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales.