Guerra del ELN y ‘Mordisco’ en Casanare: minas, confinamientos y cuatro localidades en riesgo

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas en Casanare. La entidad emitió el 14 de noviembre la alerta temprana 027 de 2026, por el riesgo de intensificación de la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, que comanda alias ‘Iván Mordisco’.

La confrontación, que se expande desde Arauca hacia el noroccidente de Casanare, pone en alto riesgo los derechos humanos de la población de los dos departamentos. Por eso, la Defensoría le pidió al Estado proteger de manera urgente a los habitantes de esa zona del país.

¿Qué municipios de Casanare están en riesgo?

La alerta rige para los municipios de La Salina, Sácama y Támara, así como para sectores de Hato Corozal, particularmente en la zona donde queda el resguardo indígena Chaparral Barro Negro.

Según la Defensoría, la disputa enfrenta al Frente Adonay Ardila Pinilla, adscrito al Frente de Guerra Oriental del ELN, contra el Frente 28, del Comando Conjunto de Oriente del EMC. La alerta identifica un proceso de retoma y expansión territorial del Frente 28, con apoyo del Frente 10, mediante el traslado de su estructura armada y la instalación de campamentos en zonas de difícil acceso, lo que estaría generando respuestas del ELN para contener su progresión.

Estos municipios quedan en corredores estratégicos del Piedemonte Llanero que conectan a Casanare con Arauca, Boyacá y el centro del país. Esa ubicación es aprovechada por las estructuras armadas ilegales para movilizar integrantes, transportar armas e instalar campamentos. La alerta también registra presiones y cobro de ‘impuestos’ a comerciantes, contratistas y empresas de la región.

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Minas, confinamientos y reclutamiento: los riesgos para la gente

La Defensoría advirtió sobre la intensificación de las prácticas de control social y coacción de los grupos armados ilegales sobre la población civil: aplican ‘manuales de convivencia’ abusivos, registros casa a casa, requisas de dispositivos móviles, censos y confinamientos.

A esto se suma la instalación intensiva de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar en caminos veredales, predios agrícolas y proximidades de centros educativos, una amenaza constante contra la vida de los pobladores que limita sus actividades cotidianas.

La entidad también alertó sobre el riesgo de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, incluso para actividades relacionadas con la confrontación armada.

Entre los grupos más vulnerables están el pueblo indígena U’wa (resguardos Guanu’wa Rauriu’wa y Chaparral Barro Negro), amenazado en su autonomía y gobierno propio; las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación, que enfrentan amenazas, estigmatización y desplazamiento; y los líderes de juntas de acción comunal y servidores públicos locales, objeto de intimidación constante.

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28 recomendaciones a las autoridades

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 28 recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, con el propósito de prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos y proteger a las comunidades en riesgo.

El llamado es para el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Gobernación de Casanare y las alcaldías locales.

Las recomendaciones se estructuran en ocho ejes: coordinación de la respuesta rápida a cargo de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), disuasión del contexto de amenaza, investigación y acceso a la justicia, prevención y protección, fortalecimiento comunitario, asistencia humanitaria integral, mitigación de vulnerabilidades sociales y seguimiento del Ministerio Público.

La entidad recordó que las alertas tempranas «son preventivas, no predictivas», y que su propósito es salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.