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Resumen: El Tribunal Superior de Bogotá condenó al exsubsecretario de Salud de Bogotá, Juan Eugenio Varela Beltrán, y a tres contratistas por corrupción en un contrato de compra de ambulancias y servicios de emergencia. El exsubsecretario recibió una sentencia de 18 años, 7 meses y 7 días de prisión por interés indebido en contratos y peculado por apropiación, mientras que los contratistas recibieron penas de 10 años, 8 meses y 28 días por peculado por apropiación. El contrato implicaba la compra de ambulancias y otros servicios por un valor de 67.203 millones de pesos, pero se demostró que hubo sobrecostos y corrupción en el proceso de licitación, con información privilegiada proporcionada por el exfuncionario para beneficiar a ciertas empresas. Los costos reales fueron mucho menores que los reportados, generando un daño económico significativo.
El Tribunal Superior de Bogotá condenó al exsubsecretario de Salud de Bogotá, Juan Eugenio Varela Beltrán; y a los contratistas José Antonio Bonnet Llinás, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, por su participación en un entramado de corrupción que direccionó un contrato de compra de ambulancias y otros elementos necesarios para atender emergencias en Bogotá.
La decisión revocó un fallo de primera instancia que había absuelto a estas personas e impuso diferentes penas de acuerdo con el nivel de responsabilidad.
En ese sentido, el exsubsecretario fue sentenciado a 18 años, 7 meses y 7 días de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación; y los contratistas a 10 años, 8 meses y 28 días de prisión por el delito de peculado por apropiación.
Los hechos que motivaron la decisión están relacionados con el trámite y celebración del contrato N°1229 de septiembre de 2009, suscrito entre la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá y el Fondo Financiero de Salud del Distrito, con una unión temporal compuesta por tres empresas.
El objeto previsto contempló la compra de 55 ambulancias medicalizadas y 15 vehículos de respuesta rápida, y la contratación del talento humano necesario para la atención de emergencias en la ciudad. El monto establecido ascendió a 67.203 millones de pesos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción demostró que el exfuncionario entregó información privilegiada en la etapa precontractual a los representantes de la unión temporal seleccionada, situación que les permitió ajustar la propuesta para reunir los requisitos y las condiciones para recibir con el millonario contrato.
De otra parte, quedaron en evidencia sobrecostos en la prestación del servicio profesional de médicos, siquiatras, enfermeras, auxiliares de enfermería y conductores. Se pagó por concepto de sueldos, prestaciones sociales y liquidaciones, un total de 34.739 millones, pero en realidad este gasto alcanzó los 17.196 millones de pesos.
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