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Por qué apoyar el Presupuesto 2027 de $634,9 billones, a pesar de sus riesgos

El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación 2027 por $634,9 billones. En esta columna explico por qué lo apoyo: sincera las cuentas y evita el decreto, pero el déficit del 9,4 % del PIB y una deuda que ya cuesta $147 billones exigen cumplir la ley de rescate prometida.

Publicado por: Jorge Pareja

Presupuesto General de la Nación 2027 por $634,9 billones aprobado por el Congreso de Colombia
Por qué apoyar el Presupuesto 2027 de $634,9 billones, a pesar de sus riesgos

Resumen: Análisis de Jorge Pareja sobre el Presupuesto General de la Nación 2027 por $634,9 billones aprobado por el Congreso: un presupuesto que sincera las cuentas, con $147 billones para el servicio de la deuda y $94,6 billones para inversión, cuya prueba de fuego será la ley de rescate fiscal para bajar el déficit del 9,4 % al 7,2 % del PIB.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

A las 3:40 de la madrugada de este martes, cuando la mayoría de los colombianos dormía, la Cámara de Representantes aprobó con 112 votos a favor el Presupuesto General de la Nación para 2027: $634,9 billones. Horas antes, el Senado lo había avalado con 57 votos. El texto pasa ahora a sanción presidencial y, algo que no es menor, Colombia evitó que el gasto del próximo año terminara fijándose por decreto. Que el Congreso cumpla su tarea constitucional, en tiempo y en forma, ya es una buena noticia para la institucionalidad.

Soy partidario de este presupuesto y quiero explicar por qué, sin ocultar las dificultades que vienen.

Un presupuesto que mira de frente a la realidad

La primera razón es la honestidad fiscal. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lo dijo en las plenarias: este presupuesto «reconoce los ingresos que el país puede recaudar e incorpora recortes para atender el desequilibrio fiscal». Después de años de cuentas alegres —»no más presupuestos de mentiras», como lo planteó el vicepresidente José Manuel Restrepo ante el gremio bancario—, sincerar lo que el Estado realmente gasta es el primer paso de cualquier corrección seria.

Los números gruesos, según el detalle del texto aprobado: $393 billones para funcionamiento, $147 billones para el servicio de la deuda y $94,6 billones para inversión. El Congreso movió $8,36 billones de la amortización de deuda hacia inversión, adicionó $5 billones para salud y $6,4 billones para Defensa, y destinó $3,8 billones a la atención de desastres tras el terremoto de agosto. Para las regiones quedaron $68 billones.

Las dificultades son reales y vienen de atrás

Dicho esto, sería deshonesto celebrar sin advertencias. El presupuesto proyecta un déficit fiscal de 9,4 % del PIB para 2027, según las cifras del propio Gobierno recogidas por Reuters. La deuda pública seguirá creciendo y su servicio ya se lleva casi uno de cada cuatro pesos del presupuesto: plata que no llega a obras ni a inversión. El Fondo Monetario Internacional, por boca de su director para el Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, calificó la semana pasada la situación fiscal del país como «insostenible».

Buena parte de ese hueco no se creó en los últimos tres meses. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella recibió en agosto unas finanzas públicas ya deterioradas: el déficit y la deuda venían creciendo desde la administración anterior, y el monto final supera en cerca de 10 % lo que el gobierno de Gustavo Petro había proyectado en julio para esta misma vigencia. Señalarlo no es un ataque: es el punto de partida para entender por qué el ajuste es inevitable.

La prueba de fuego: la ley de rescate

Aquí está lo que hay que vigilar. El Gobierno prometió una «ley de rescate» fiscal para recortar el gasto de 2027 y bajar el déficit a 7,2 % del PIB, y el texto aprobado le da 90 días para presentarla. También deberá rendir informes trimestrales sobre la caja y los gastos de la Nación. Como dijo el presidente del Senado, Honorio Henríquez: «este presupuesto no es un cheque en blanco». Esa es la actitud correcta: respaldar y vigilar con lupa. El presidente De La Espriella agradeció al Congreso y pidió «el compromiso de todos»; ese compromiso empieza por cumplir el ajuste anunciado.

Qué significa para Antioquia

Desde Medellín lo vemos claro: cuando la Nación se desordena fiscalmente, las regiones pagan la cuenta en transferencias retrasadas, obras paradas y tasas de interés que ahogan al emprendedor. Los $68 billones para las regiones y las partidas de obras viales son oxígeno para departamentos como el nuestro, pero solo se ejecutarán si el ajuste prometido se cumple. La credibilidad fiscal no es un tema de tecnócratas en Bogotá: es la diferencia entre que haya o no haya plata para la vía, el hospital y el colegio en nuestros municipios.

Apoyo este presupuesto porque prefiero unas cuentas sinceras a unas maquilladas, y porque el Gobierno asumió públicamente el compromiso de corregir el rumbo. Pero el respaldo tiene fecha de revisión: si en 90 días no vemos la ley de rescate, el déficit del 9,4 % se convertirá en más deuda, más intereses y menos inversión. El país ya conoce esa película. Esta vez toca salir adelante con austeridad y eficiencia, no con más gasto financiado con deuda.

Jorge Pareja es director de Minuto30. Esta columna refleja su análisis y opinión.


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