El punto 4 de los Acuerdos de La Habana abrió la puerta para que los cultivos ilícitos puedan legalizarse con fines medicinales, culturales, y de producción industrial para sus derivados; de la marihuana por ejemplo se sabe que se puede producir cáñamo y sogas marinas, al igual que la coca, cuyo uso ancestral se remonta al pasado prehispánico y se reafirma hoy en un fallo del Consejo de Estado (2015) que reconoce el derecho al uso, consumo y comercialización en comunidades indígenas.
Pese a esto, los cultivos ilícitos ofrecen mayor rentabilidad en el mundo de las drogas y es la mata de coca lo que empodera a los actores ilegales –principalmente en negociaciones como la de los Acuerdos de La Habana–.
Es así que, en el 2003, el Banco Mundial estimaba que las FARC recibían anualmente $500 millones de dólares sólo por el control del cultivo de coca; no es de extrañarse que hoy sean las disidencias quienes predominen en las principales zonas cocaleras del país (Nariño, Cauca y Putumayo).
El Estado Colombiano ha luchado históricamente contra el narcotráfico y es en el 2007 durante el Gobierno Uribe cuando nace la verdadera lucha antinarcóticos: Se implementa la aspersión aérea y la erradicación forzosa manual enfocada hacia una estrategia de destrucción de laboratorios de drogas, interceptación de envíos hacia el exterior y detección de las redes de distribución de los agroquímicos para procesar cocaína.
Como consecuencia de estas medidas, los cultivos se desplazaron hacia Perú y Bolivia, y el microtrafico se concentró en México, pasamos de tener 163.000 hectáreas de coca en 2002 a 48.000 hectáreas en 2013. Aun así, sucede lo inesperado el 9 de mayo del 2015, bajo el pretexto de que “la eficacia del glifosato también está en tela de juicio”, el expresidente Juan Manuel Santos decide suspender las aspersiones aéreas, basado en estudios científicos que aún no han podido cuantificar el riesgo para la salud, siendo que sustancias similares al glifosato son comúnmente utilizados en la agricultura tradicional.
No debemos olvidar, que gran parte de la ciudadanía se opuso al proceso de paz por el tema de las drogas, a causa de fomentar la legalización del uso de cultivos, promoviendo así el consumo con fines recreativos. Nada que ver con los usos tradicionales o culturales que buscan defender ciertos sectores sociales y muy distantes del uso ancestral de nuestras minorías étnicas. Además, en la “mesa de diálogos” nunca se discutió como enfrentar a las disidencias que heredaron las rutas del narcotráfico y que hoy se lucran del negocio.
Finalmente, la integralidad del desarrollo implica que el impacto de la política debe estar encaminado directamente al mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades, por medio de nuestros escenarios institucionales, es decir; el Estado más allá de prohibir el consumo de drogas debe asumir su responsabilidad social frente al consumo, claro está, sin dejar de lado la aspersión aérea y la combatividad agresiva de los cultivos ilícitos.
Es posible que haya opiniones encontradas frente a la afectación del glifosato a la salud de los colombianos, lo que no se puede poner en tela de juicio es su efectividad.
@bryanobando93
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