Foto Fiscalía
Angie Daniela A. G. y María Rubiela G. C., madre e hija, son acusadas por la Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, de ejecutar un entramado criminal con el que desde 2017, al parecer, defraudaron a más de 1.500 residentes de la capital del país en una cifra superior a los 2.000 millones de pesos.
El material de prueba determinó que las dos mujeres, una de ellas estudiante de derecho, idearon la manera de obtener información para posiblemente acceder a datos de personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras de bienes inmuebles matriculados en Bogotá; especialmente en estratos 1, 2 y 3.
Una de las condiciones que debían cumplir las eventuales víctimas es que tuvieran obligaciones pendientes con la administración distrital por concepto de impuesto predial.
Labores de policía judicial determinaron que Angie Daniela Ardila habría reclutado personas de escasos recursos para que repartieran, puerta a puerta en distintas localidades, oficios falsos que notificaban a los ciudadanos sobre supuestos procesos administrativos en su contra, además de conminarlos a suscribir acuerdos de pago, so pena de perder sus bienes.
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La evidencia recopilada señaló que las procesadas, se cree, pagaban 600 pesos por cada oficio falso que entregaran. También habrían contratado personal exclusivamente dedicado a atender las llamadas de los contribuyentes morosos interesados en poner al día sus obligaciones.
El entrenamiento previo a las responsables de la “central telefónica” hacía que las personas fueran convencidas de consignar determinadas sumas de dinero en cuentas bancarias o a través de empresas de giros para supuestamente ponerse al día con los impuestos, pero en realidad era dinero del que se
apropiarían las hoy judicializadas.
Por estos hechos, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, realizaron diligencias de registro y allanamiento que permitió que las dos mujeres fueran capturadas, en un inmueble del barrio San Francisco en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital del país.
En desarrollo de estas acciones judiciales se impusieron medidas cautelares sobre tres inmuebles y un vehículo los cuales serán destinados para reparar a las víctimas. La Fiscalía imputó a las investigadas los delitos de concierto para delinquir con fines de estafa y enriquecimiento ilícito.
El ente acusador continúa en la labor investigativa para que sean judicializadas otras personas que podrían estar vinculadas con estos hechos ilícitos que afectaron a centenares de ciudadanos.
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