Un proyecto de ley que busca solucionar para los próximos 50 años el problema de hacinamiento en las cárceles, estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, URI, fue radicado este martes por la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, Asointermedias y Fedemunicipios.
El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, en representación de Asocapitales aseguró que de lo que se trata es de darle respuesta a las sentencias de la Corte Constitucional, que ha declarado el estado de cosas inconstitucionales en los centros de reclusión, calificados por el alto tribunal como centros de permanente violación de los derechos humanos.
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Dijo el mandatario de la capital santandereana, que se crea un fondo múltiple cercano a los 4 billones de pesos y se redefinen las categorías de los centros de detención y reclusión, de tal manera que de acuerdo con la gravedad de los delitos se determine en qué centro se pagaría la condena.
Así las cosas, se estarían construyendo nuevos centros de detención transitoria y cárceles municipales, departamentales y nacionales, con lo que se atacaría el hacinamiento que hoy, en promedio, supera el 123 por ciento o como en el caso de La Guajira llega al 2.000 por ciento, en una clara muestra de lo desbordado que está el sistema carcelario del país.
“Vamos a tener una distribución armónica de responsabilidades para los alcaldes, gobernadores y la Nación, de manera que podamos garantizar derechos en términos de espacios, de capacidades, de alimentación, vigilancia, todo lo que hoy no está sucediendo en el país; estamos hablando de la solución integral de 4 billones de pesos, que nos van a dar la posibilidad de construir todos estos centros de detención temporal, transicional, cárceles y no tengamos hacinamiento en las URIS y estaciones de policía”, puntualizó el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.
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