El ministerio del Interior, a través de la Dirección de Derechos Humanos, le salió al paso a las versiones encontradas en los últimos días, que señalan que la incursión de una unidad militar en la vereda Bocas del Manso, en Tierralta Córdoba, se trató de un montaje y que en este habría participado el hermano del Presidente, Juan Fernando Petro.
Según Franklin Castañeda, lo que han podido establecer las diferentes comisiones desplazadas a la zona, es que hay múltiples versiones de lo sucedido después de varias reuniones con la comunidad, con misiones de organismos internacionales, líderes sociales y hasta delegados de la Defensoría del Pueblo.
Entre otras cosas, señala el directo de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, se han escuchado testimonios de la presencia de integrantes del Clan del Golfo en la zona, de montajes y estrategias para obligar la salida de las fuerzas militares del área de influencia y hasta de violaciones de los derechos humanos por parte de las unidades militares.
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“Se habla de muchos aspectos, se habla de que la presencia del Ejército en la zona ha ocasionado algún tipo de violación a los derechos humanos, otros dicen que efectivamente hay presencia de personas del Clan del Golfo, otros han planteado que lo que vemos en ese territorio fue una estrategia para intentar sacar al Ejército de la Zona; quiero señalar algo que es muy concreto, el Estado colombiano no va a renunciar al control territorial en ningún territorio del país, no es posible hablar de la salida de la Fuerza Pública en ningún territorio y tampoco es posible hablar de que cualquiera de esas versiones tienen asidero en la realidad y ni siquiera si estamos frente a un montaje o no”, explicó Castañeda.
Adicionalmente, el encargado de las políticas de derechos humanos del ministerio del interior, señaló que en los contactos con las comunidades en ningún momento se ha escuchado testimonio alguno que involucre al hermano del primer mandatario, a propósito de lo ocurrido el 11 de septiembre en Bocas del Manso, cuando unidades del Batallón Junín intimidaron con sus armas a los pobladores de esta vereda.
“Lo que hemos podido constatar es que ese es un territorio en completo abandono por parte del Estado, no tiene economía formal, no tiene escuela, no hay salud ni vías de acceso, lo que es evidente es que se requiere un plan de acción integral para llevar el Estado a esos pobladores y no dejarlos al vaivén de la economía ilegal, porque enfrentan presiones generadas por los interesados en los cultivos de uso ilícito”, subrayó Franklin Castañeda.
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