Foto de archivo
La Veeduría Penitenciaria Carcelaria, mediante su representante Jorge Carmona, interpuso una acción de tutela, el pasado 15 de enero, para exigir el cierre de la estación de la Policía en La Candelaria, debido a graves denuncias sobre violaciones a derechos humanos.
El caso que encendió las alarmas fue el de un recluso que quedó parapléjico tras un incidente en los calabozos. Mientras la víctima asegura haber recibido una golpiza que lo dejó inconsciente, las autoridades sostienen que se trató de una caída accidental.
Este suceso destapó una realidad alarmante que incluye denuncias de presuntos choques eléctricos y torturas sistemáticas.
La tutela, que involucra a múltiples entidades estatales como la Policía Nacional, la Rama Judicial y la Defensoría del Pueblo, busca una solución definitiva ante el crítico hacinamiento que, según la Personería de Medellín, alcanza el 331% en la estación de Policía en La Candelaria.
El panorama es igual de desolador en otras estaciones: Manrique registra un 850% de hacinamiento, Buenos Aires un 670% y el Doce de Octubre un 475%.
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La construcción de una nueva cárcel en San Cristóbal, con capacidad para 1.339 internos, se presenta como una solución parcial. Sin embargo, su culminación está prevista hasta finales de 2026, mientras la crisis actual demanda acciones inmediatas.
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