Vista general de las instalaciones de la Refinería de Cartagena (Reficar) en Cartagena (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
El Juzgado Segundo de Familia de Cartagena ha emitido una decisión de gran impacto económico y jurídico al ordenar el amparo transitorio de los derechos fundamentales de la Refinería de Cartagena (Reficar), filial de Ecopetrol. La medida principal consiste en ordenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) suspender de manera inmediata cualquier medida de embargo o cobro coactivo contra la refinería.
La disputa se originó por una controversia sobre el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La DIAN argumenta que Reficar estaba obligada a pagar una tarifa del 19% por concepto de las importaciones de gasolina y diésel realizadas durante el periodo comprendido entre 2022 y 2024. Estos cobros se tradujeron en liquidaciones oficiales que, sumadas, alcanzan aproximadamente $1.3 billones de pesos, más sanciones e intereses.
La controversia se agrava debido a un cambio en el criterio de la entidad recaudadora. Durante años, la DIAN había sostenido que no existía una base gravable clara para aplicar el IVA en dichas operaciones, ya que el Ministerio de Minas y Energía no había fijado los precios de la gasolina y el ACPM, requisito exigido por el Estatuto Tributario. Sin embargo, en 2024, la entidad modificó su punto de vista y comenzó a exigir el impuesto con la tarifa general.
Reficar, por su parte, alegó ante el juez que la ejecución inmediata de este cobro coactivo por parte de la DIAN pondría en grave riesgo su operación, la estabilidad laboral de sus más de 4.600 trabajadores y, crucialmente, el suministro de combustibles en toda la región Caribe. La defensa de la refinería advirtió que un embargo podría paralizar la empresa en menos de dos semanas.
El juez consideró la magnitud de las consecuencias, determinando que la ejecución de la medida de cobro implicaba un riesgo cierto e inminente de perjuicio irremediable. Aunque la decisión judicial no resuelve el fondo de la disputa tributaria, sí tiene como objetivo primordial garantizar que la refinería pueda continuar sus funciones mientras se dirime el conflicto.
El fallo es transitorio y obliga a Reficar a avanzar con el proceso legal pertinente. El juzgado requirió a la empresa para que presente, en los próximos días, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos de la DIAN. De esta forma, será la jurisdicción contencioso-administrativa, y no la de familia, la que determine de manera definitiva si los millonarios cobros fiscales son válidos o no.
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