Foto de archivo.
El Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela presentada contra el presidente Petro por sus declaraciones sobre los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio, en las que fue elegido Abelardo de la Espriella.
La corporación concluyó que las manifestaciones del presidente Petro pueden tener repercusiones políticas, pero no producen efectos jurídicos ni vulneran, por sí mismas, derechos fundamentales.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que estudió la tutela interpuesta por un ciudadano. El demandante sostenía que la postura pública del jefe de Estado frente a los resultados electorales afectaba los derechos a la confianza legítima y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
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En el fallo, los magistrados fueron enfáticos al señalar que «la opinión del actual presidente de la República sobre el particular es, jurídicamente hablando, del todo irrelevante; por eso mismo, carente de efecto jurídico alguno y, por ende, incapaz de lesionar derechos constitucionales fundamentales».
Con este argumento, la Sala concluyó que las manifestaciones del mandatario no constituyen una vulneración que pueda ser resuelta mediante una acción de tutela.
Además de negar la solicitud, el Tribunal Superior de Bogotá llamó la atención sobre el uso creciente de este mecanismo judicial.
En el pronunciamiento indicó que «las acciones de tutela están abarcando desde la situación de la persona a la que no se le resuelve una petición hasta las controversias en torno a la elección presidencial», situación que, según la corporación, ha provocado una carga excesiva para jueces y magistrados y ha generado retrasos en otros procesos de su competencia.
Finalmente, el tribunal reiteró que su función es resolver controversias jurídicas y no políticas. En ese sentido, precisó que «puede que las palabras del actual presidente de la República tengan alguna repercusión en lo político. Puede ser. Sí, pero lo que le corresponde al juez es resolver problemas jurídicos, no políticos», argumento con el que dejó en firme la decisión de negar la tutela.
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