En dos días de operativos, la Fiscalía logró la captura de 40 personas, quienes están sindicados de cometer delitos ambientales, como la minería ilegal, en diferentes puntos del país.
La Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, de manera conjunta con las fuerzas militares y la Policía Nacional, lograron la captura de 40 personas, en 6 operaciones realizadas en Boyacá, Guaviare, Caquetá, Chocó, Antioquia y Cesar.
En Boyacá fue desarticulada una red señalada de obtener de manera irregular licencias y salvoconductos para la explotación, transporte y comercialización de madera, que era extraída del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas. A esta organización le fueron capturadas 6 personas que habrían promovido la tala de por lo menos 353 hectáreas de bosque nativo.
Al parecer, la madera era extraída de la zona de reserva forestal y trasladada hasta fincas de algunos conocidos de la organización delincuencial. Luego, con licencias otorgadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el producto era movilizado y soportado como si fuera legalmente obtenido. Para obtener estos permisos, los supuestos integrantes de la estructura habrían ofrecido dádivas a funcionarios.
En San José del Guaviare, la Fiscalía logró la captura de 6 personas que realizaban ganadería a gran escala dentro del resguardo indígena Nukak Makú, comunidad de especial protección constitucional por riesgo de exterminio físico y cultural.
En tres predios distintos, conocidos como Varsovia, La Carolina y La Esperanza, habrían sido arrasadas cerca de 800 hectáreas de selva para levantar asentamientos y corrales para la cría de ganado, actividad prohibida en esta área de conservación ambiental. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanos imputó a los detenidos el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.
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En San Vicente del Caguán (Caquetá) fue capturado Gildardo Toledo Villa, quien sería uno de los mayores auspiciadores de la ganadería extensiva en el Parque Nacional Natural Los Picachos. Esta persona, en un predio conocido como El Despecho, supuestamente, deforestó 39 hectáreas de bosque primario para acondicionar pastizales y criar ganado.
En ese sentido, fue imputado por ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables, invasión de áreas de especial importancia ecológica e incendio. Por solicitud de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanos, el procesado recibió medida de detención en un sitio distinto al inmueble que ocupaba en el parque natural. Adicionalmente, fue suspendido el registro sanitario, lo que le impedirá la explotación pecuaria.
17 personas fueron capturadas en flagrancia, entre ellas cuatro ciudadanos de Brasil, por extracción ilegal de oro mediante el uso de gigantescas dragas y sustancias tóxicas, sobre el río Nechí, en Caucasia (Antioquia).
Durante las diligencias fueron destruidos dos ‘dragones’, retroexcavadoras y otros elementos que superarían en valor los 6 mil millones de pesos. Este resultado representa un duro golpe a las finanzas criminales del ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Caparros’, que recibirían recursos de este entable de minería ilegal. Los detenidos son presentados ante un juez de control de garantías.
En Unión Panamericana (Chocó), la Fiscalía, a través del CTI, las fuerzas militares y la Policía Nacional llegaron a un entable de minería ilegal justo en el momento en el que se vertía mercurio sobre una vertiente del río Quito, fuente hídrica de especial protección constitucional en Chocó.
En las diligencias se destruyó maquinaria avaluada en 600 millones de pesos y fueron capturadas dos personas, a quienes un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanos les imputó explotación ilícita de yacimientos mineros y delitos conexos.
En Valledupar (Cesar), la Fiscalía intervino un enorme yacimiento de material de arrastre y de construcción que, sin licencia ambiental ni autorización alguna, explotaba indiscriminadamente cerca de 40 hectáreas. Este frente de minería ilegal estaría afectando al río Cesar, fuente hídrica que hace parte del ecosistema de la Serranía del Perijá.
Investigadores del CTI capturaron a 8 personas, a quienes una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanos les imputó los delitos de daños en los recursos naturales y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales En el lugar de la intervención se incautaron 3 retroexcavadoras, 6 volquetas y otros elementos, cuyo valor alcanza los 2.000 millones de pesos.
2021-02-06
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