Tras las rejas: INPEC define dónde pasarán los días de reclusión Wadith Manzur y Karen Manrique

Minuto30.com .- El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha confirmado los lugares de reclusión para los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictara medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra.

Los legisladores son señalados de participar en una presunta “red de negociación criminal” que intercambiaba conceptos de crédito público por millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Destinos de reclusión

Wadith Alberto Manzur Imbett: Será recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, un centro destinado a servidores públicos con medidas de seguridad especiales.

Karen Astrith Manrique Olarte: Fue remitida a la Cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

La Corte determinó que el encarcelamiento inmediato es necesario debido al riesgo de obstrucción a la justicia y la contundencia de las pruebas recaudadas que los vinculan activamente con el delito de cohecho impropio.

El “Modus Operandi”: Contratos por conceptos

La investigación se centra en hechos ocurridos en el segundo semestre de 2023. Según la Sala de Instrucción, los congresistas habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para dar vía libre a operaciones de crédito de interés para el Gobierno.

A cambio de estos conceptos favorables, se habría acordado el impulso de contratos y obras de interventoría en tres proyectos específicos de la UNGRD localizados en:

Córdoba

Arauca

Bolívar

Otros implicados en libertad

Aunque la medida de aseguramiento intramural solo cobijó a Manzur y Manrique, el proceso continúa contra otros cuatro políticos de alto perfil que seguirán vinculados a la investigación, pero en libertad:

Liliana Esther Bitar Castilla

Juan Pablo Gallo Maya

Julián Peinado Ramírez

Juan Diego Muñoz Cabrera (excongresista)

Para la Corte Suprema, existen “múltiples pruebas” de la existencia de un entramado ilegal entre sectores del Ejecutivo y el Legislativo para feriar recursos públicos a cambio de apoyo político.