La Paz, 24 ene (EFE).- Los sectores afines al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) cumplen este miércoles la tercera jornada de bloqueo de caminos, y aumentaron los puntos de obstrucción en los departamentos de Santa Cruz, Oruro y Potosí.
La protesta pide la renuncia de los altos magistrados del país que extendieron su mandato luego de la postergación de los comicios judiciales. En los dos primeros días las manifestaciones se concentraron en la región central de Cochabamba, que articula las carreteras que unen al oriente con el occidente del país.
Los magistrados dictaron en diciembre la Sentencia Constitucional 1010/2023, que inhabilita a Morales para presentarse como candidato presidencial, ya que el fallo aduce que la reelección indefinida “no es un derecho humano”.
La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en su reporte de “transitabilidad” indicó que existen 14 puntos de bloqueo en los departamentos de Cochabamba (9), Oruro (2), Santa Cruz (2) y Potosí (1).
Esta madrugada los afines a Evo Morales cortaron el paso en la ruta entre Santa Cruz y la sureña población de Yacuiba, fronteriza con Argentina, que es una de las principales rutas de circulación del transporte pesado, informaron los medios locales.
Asimismo, otros grupos anunciaron que también se instalarán en el departamento de Tarija y en la región norte de Potosí.
Un reporte de la Policía señaló que en la mañana un sector buscó bloquear una carretera en la zona de Los Yungas en La Paz, pero esa protesta fue rechazada por los habitantes de las poblaciones cercanas ya que los manifestantes no eran del lugar.
Ante el riesgo de que las protestas deriven en hechos de violencia, la Defensoría del Pueblo recordó que “el ejercicio del derecho a la protesta pacífica debe ser garantizado por el Estado” y que las fuerzas de seguridad deben ajustar sus acciones a “los estándares internacionales de uso de la fuerza”.
Además, instó a los grupos de manifestantes a “respetar el derecho de terceros ajenos al conflicto”.
La Constitución vigente desde 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades judiciales con candidatos seleccionados previamente por el Parlamento.
El proceso de preselección para las elecciones en 2023 quedó paralizado en dos ocasiones debido a medidas dispuestas por salas constitucionales.
En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) amplió el mandato de los magistrados de las principales cortes del país bajo el argumento de evitar un “vacío de poder” y de manera extraordinaria hasta que se realice una nueva elección.
La medida fue rechazada por los opositores y los sectores afines a Evo Morales, que acusaron al Gobierno de “instruir” sentencias y hacer “pactos políticos” con la Justicia.
El Constitucional también dictó una sentencia que señala que la reelección en Bolivia es por “una única vez”, sea continua y discontinua, por lo que Morales no podría ser candidato para las presidenciales de 2025 al haber gobernado en tres ocasiones (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).
El Gobierno del presidente Luis Arce considera que lo que impulsan los bloqueos es el interés de Morales de participar en una nueva elección y alertó que los bloqueos causan un perjuicio económico diario de más de 121 millones de dólares.
Morales y Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS), están distanciados desde los últimos meses de 2021. EFE
grb/eb/szg
(foto)
Por: EFE
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