Foto sacada de redes sociales.
Con una resolución firmada el pasado 27 de marzo, la Fiscalía General de la Nación tomó una decisión que encendió el debate público en Antioquia: suspender las órdenes de captura vigentes contra 23 cabecillas y miembros activos de las principales estructuras criminales que operan en el Valle de Aburrá.
La medida, enmarcada en los diálogos de Paz Urbana que el Gobierno Nacional adelanta en la cárcel La Paz de Itagüí, busca permitir que estos líderes participen como voceros en una mesa de negociación sociojurídica orientada al sometimiento colectivo y el desarme de sus organizaciones.
Entre los cabecillas beneficiados figuran integrantes de grupos como La Terraza, Pachelly, El Mesa, Los Triana, Robledo, Caicedo, Niquía, Las Chatas, La Unión, La Silla, La Milagrosa y La Agonía, bandas con décadas de presencia en los barrios del área metropolitana de Medellín.
De los 23 beneficiados con la suspensión de órdenes de captura, siete ya estaban en libertad antes de esta decisión, bien por haber pagado sus condenas o por beneficios judiciales previos.
Los otros 16 permanecen recluidos en la cárcel de Itagüí, pero con sus órdenes de captura congeladas durante el proceso.
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La medida no pasó sin rispideces. Tanto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresaron su malestar públicamente, advirtiendo que este tipo de decisiones pueden interpretarse como una señal de impunidad y, en el peor de los escenarios, como un espaldarazo institucional que termina fortaleciendo a las mismas organizaciones que el Estado dice querer desmantelar.
La suspensión tiene una vigencia inicial de seis meses, prorrogable según los avances que registre la mesa. No obstante, las autoridades aclararon que el beneficio no equivale a libertad automática para quienes tienen medidas de aseguramiento activas por otros delitos.
El debate continúa sobre si este es el camino correcto para pacificar el Valle de Aburrá, o si simplemente le abre la puerta a la impunidad.
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