Foto de archivo.
La intervención de Sabia Salud ordenada por el Gobierno Petro en junio de 2023 terminó con una sanción de la Procuraduría General de la Nación contra los propios agentes que el Ejecutivo nacional había designado para administrar la entidad.
El ente de control decidió suspenderlos de manera provisional durante tres meses, luego de constatar que lejos de sanear la EPS, su gestión profundizó el deterioro en la atención a los usuarios, disparó las quejas y tutelas, aumentó los gastos administrativos y agravó el hueco financiero de la entidad.
La decisión reavivó las críticas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien desde el principio se opuso a la intervención de Sabia Salud y hoy reclama que la EPS sea devuelta a la capital antioqueña.
«Que nos la devuelvan y la ponemos nosotros acá en orden», indicó el mandatario recordando que la EPS pertenece a Medellín, a Antioquia y a las cajas de compensación, y que fue arrebatada por el Gobierno nacional antes incluso de que su administración llegara al poder.
Para Gutiérrez, lo que la Procuraduría acaba de sancionar no es una sorpresa: es la confirmación de lo que los usuarios ya venían padeciendo en carne propia, con demoras en la entrega de medicamentos, dificultades para conseguir citas médicas y un sistema que, en lugar de recuperarse, ha seguido hundiéndose.
El panorama que describe el ente de control es contundente: los agentes interventores designados por el Ejecutivo habrían incumplido sus funciones de manera reiterada, lo que se tradujo en un crecimiento sostenido de los pasivos, un alza en los costos administrativos y una atención cada vez más deficiente para los afiliados.
El mandatario destacó el esfuerzo que ha hecho la Alcaldía de Medellín para contener el daño: desde su llegada al gobierno, la ciudad ha invertido $439.000 millones de pesos en sostener el Hospital Infantil, el Hospital General y toda la red pública de Metro Salud, evitando un colapso que, a su juicio, fue provocado directamente por las decisiones del Gobierno Nacional.
La Procuraduría, por su parte, fue precisa en su diagnóstico: la gestión de los interventores no solo no mejoró la situación de Sabia Salud, sino que la dejó en peores condiciones que al momento de iniciarse el proceso de intervención forzosa.
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